Walter del Cid

Padre, abuelo. Lector casi empedernido. Conocedor de las intrincadas reglas del cuasi disfuncional Estado guatemalteco desde 1988 a la fecha. Inició su incursión en el periodismo de opinión en las páginas de La Hora con aportes en la sección «Cartas de los Lectores» en septiembre de 1993. En 2006 tuvo el honor de ser jefe de Información de esta Tribuna y no mostrador. Casi ininterrumpidamente colaboró con columnas de opinión en La Hora, el desaparecido El Gráfico, Siglo XXI de la primera época, Diario de Centro América, la Revista Crítica y eventualmente para la Universidad Johns Hopkins en temas de población y desarrollo. Esta es mi Tercera Época en La Hora, gracias por ello. Creer en la democracia no es una cuestión circunscrita a razones teóricas, es una forma de vida y se aplica a la cotidianidad de nuestros actos.

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Toda administración pública es como un camino por recorrer, independientemente de los propósitos reales o subyacentes de sus líderes conductores. Ahora bien, si los propósitos están alrededor de la atención de los principales problemas que afectan a las mayorías, ese camino se presenta empedrado, complejo y cuesta arriba por muchas razones. 

Entre ellas está el andamiaje de leyes y reglamentos que rigen el desempeño de la función pública, que está marcado por un exceso de trámites, una gran cantidad de obstáculos y puntos previos que limitan la agilidad para presentar resultados a la brevedad. A ello se agrega la dificultad de estructurar equipos humanos con la misma capacidad, convicción y experiencia, además mucha energía para impulsar a diferentes mandos medios, que no necesariamente se adaptan a los cambios ni los quieren permitir, mucho menos promover.

Pero se ha producido una impronta alentadora con la llegada del presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera. Nos encaminan hacia una atmósfera llena de expectativas, auténticos anhelos democráticos, tan necesarios y tan olvidados por muchas administraciones predecesoras.

Ese camino no será fácil de recorrer. Cuando estas líneas estén ante los ojos del apreciable lector una de dos situaciones se habrá producido en la mañana de este miércoles: la señora Consuelo Porras no acudió a la cita con el presidente Constitucional de la República y se expresó por medio de alguna excusa para no comparecer e informar ante el jefe de Estado, o sí acudió.

Si es lo primero, dos espolones institucionales «rasgarán» los propósitos de concretar cambios e instaurar las bases de una democracia real: el Ministerio Público continuará en su afán de desgaste y a él se le unirá, como ya lo ha hecho, el pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad emitiendo resoluciones absurdas pero que se obedecerán pues no hacerlo sería comparable únicamente con la actitud de las dos administraciones antecesoras; eso no es, ni será admisible aún y cuando sea contra corriente, sin fundamento legal, pues ahora priva una auténtica convicción de respeto por el estado de derecho.

Y en medio de ese posible escenario de luchas continuas, el presidente Arévalo se ha propuesto gobernar diferente y gobernar de verdad. Gobernar desde la dimensión territorial y desde la dimensión de cercanía, con el pueblo, con los pueblos de los territorios. O, dicho de otra manera, se planteó el imperativo de llevar a la práctica lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 224, en cuanto a que «El territorio de la República, se divide para su administración en departamentos y éstos en municipios.» … y que «la administración será descentralizada…» Así, llevar a la práctica este modelo de gestión es materializar adecuadamente lo normado en las tres leyes pilares de dicho modelo de desarrollo: la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, contenida en el Decreto 11-2002; el Código Municipal, en el Decreto 12-2002 y la Ley General de Descentralización, Decreto 14-2002.

Luego de más de dos décadas de tímidos procesos emprendidos de entonces para acá y con un auténtico rezago en lo que hemos de entender que es llevar a la práctica la desconcentración y la descentralización, el desafío es colosal, pero no imposible de concretar. Creemos que es posible auspiciar la participación democrática, fomentar la elaboración de presupuestos participativos y generar una cultura de auditoría social para bienestar de los más excluidos, de los más vulnerables.

Para ayudar en esta motivación presidencial que servirá, esperamos, para concretar los anhelos democráticos de las diferentes poblaciones de los departamentos del país, de los municipios que les integran y de las aldeas y caseríos que conforman cada circunscripción municipal, estaré ocupando un cargo público para tal propósito.

Por ello, esta es mi columna de despedida ante los apreciables lectores que empezaron a animarme a continuar con esta labor de «escribiente» como solía decir Manuel José Arce. Además, en el ejercicio de la función pública, compartimos con la Dirección General de La Hora, que se hace necesario separarse de un medio independiente, precisamente para salvaguardar ambas esferas y preservar la libre emisión del pensamiento sin afanes personales.

Gracias a Oscar Clemente Marroquín, gracias a La Hora y gracias a todos sus colaboradores por ser como son. No es un adiós, es un hasta pronto lleno de sentimientos encontrados. Y a usted apreciable lector, gracias por su tiempo. Pero ya nos quedan únicamente 1451 días de administración y hay mucho por hacer. Gracias de nuevo.

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