“El Ministerio Público (MP) ha recibido más presupuesto y ha logrado menos resultados. Durante la gestión de la Fiscal General Consuelo Porras, el MP tuvo un incremento presupuestario del 162% (de Q1,842 millones en 2018 a Q4,828 millones en 2025). Sin embargo, el MP redujo a la mitad su capacidad de dar respuestas de calidad. Si bien el MP justifica el aumento del presupuesto por la apertura de nuevas fiscalías, esto no significa necesariamente mayor acceso a la justicia porque el MP redujo a la mitad su tasa de eficacia y la cantidad de respuestas positivas en términos absolutos.
En relación con la corrupción, en los años 2024-2025, fueron desestimados el 99,34% de los casos. La eficacia del MP en delitos de gran relevancia social es alarmantemente baja. En la mayoría de los fenómenos de alto impacto, más del 90% de los casos quedan impunes. La tasa promedio de eficacia en los casos de homicidios es del 6%, y en los casos de crimen organizado es del 5%”. Tal índice de ineficacia tiene un nombre: impunidad.
Las anteriores son algunas de las principales conclusiones del Informe ¿Eficacia o Impunidad? El desempeño del Ministerio Público durante la gestión de Consuelo Porras 2018-2025, el cual fue presentado ayer martes 24 de junio, elaborado por la Alianza por las Reformas (AxR), de Guatemala, y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) de Argentina, una organización de la sociedad civil con más de 35 años de experiencia en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la promoción de reformas en los sistemas de justicia penal en América Latina y el Caribe.
Las dos instituciones autoras del informe dan cuenta que éste está estructurado en cinco capítulos. “En el capítulo 1 se analiza la tasa básica de eficacia del MP, la tasa de productividad y la eficiencia de la institución con base en la utilización de los recursos. En el capítulo 2 se examinan los datos que el MP presenta como “éxito”, y se analiza críticamente la metodología de medición que utiliza el MP para medir y presentar sus resultados.
En el capítulo 3 se analizan los resultados en materia de lucha contra la corrupción y la impunidad, considerando que en su Plan Estratégico Institucional el MP presenta éstas como sus principales prioridades. En el capítulo 4 se analiza el uso indebido del derecho penal y el fenómeno de la criminalización, considerando que esta es una de las acciones más cuestionadas de la gestión de Porras. En el capítulo 5 se analizan los cambios de personal que se han realizado durante los últimos años y su impacto en la carrera fiscal.
En la parte final del informe se presentan las principales conclusiones del estudio y una serie de recomendaciones para reformar y fortalecer el MP y el sistema de justicia con base en los estándares internacionales y la experiencia comparada de la región”.
Las conclusiones reseñadas en el Informe no son arbitrarias ni especulativas. El INECIP y la AxR utilizaron una metodología consistente, basada en datos duros, tanto documentales como empíricos. Para medir el desempeño del MP se utilizaron indicadores de eficacia, productividad y eficiencia, y se tomaron como base los datos oficiales presentados en los informes anuales de la institución. También se tomó en cuenta el Plan Estratégico Institucional, los informes anuales del MP, las respuestas a las solicitudes de información pública que se hicieron al MP, los informes de cierre de la CICIG, información de la Comisión Nacional Contra la Corrupción (CNC), información de los medios de comunicación y, además, se realizaron entrevistas con ex operadores de justicia de Guatemala, que conocieron casos de gran corrupción.
Es imposible reseñar un Informe de 80 páginas en un espacio editorial tan reducido como el de esta columna, por lo que solamente presentaré una apretada síntesis de las conclusiones.
En el primer capítulo del Informe se evidencia el bajo desempeño del MP en la persecución penal, que es su función principal. La institución muestra poca capacidad para cumplir con sus dos funciones esenciales: impactar en el control de la criminalidad y en la tutela judicial efectiva de las víctimas. Para el efecto, se midieron tres dimensiones de su desempeño: la eficacia, la productividad y la eficiencia. Durante la gestión de Consuelo Porras cayó drásticamente la eficacia del MP de 14.03% en 2018-2019 a 6.44% en 2024-2025, lo que representa una reducción relativa del 54.08%. En términos absolutos, las respuestas de calidad disminuyeron un 33.6%, a pesar de un aumento del 44.7% en los casos ingresados. “Esto significa que, en el período 2024-2025, el 94% de los casos penales no obtuvieron una respuesta eficaz y prácticamente quedaron en la impunidad”.
Cada fiscal o auxiliar fiscal resuelve 8 casos de manera eficaz al año; menos de un caso por mes, lo que evidencia la limitada capacidad del MP para combatir la impunidad.
Durante la gestión de la Fiscal Porras, el MP tuvo un incremento presupuestario del 162%. Sin embargo, el ente persecutor redujo a la mitad su capacidad de dar respuestas de calidad.
El segundo capítulo de la investigación da cuenta que en los informes anuales del MP no se utilizan indicadores técnicos, verificables y sustantivos para medir los resultados. Por el contrario, en los informes se construye una imagen artificial de eficiencia institucional mediante un abordaje estadístico cuestionable. Las entidades a cargo del Informe sostienen que el MP incurre en manipulación de datos y falta de información, presentando una imagen distorsionada de eficiencia al computar como “casos resueltos” o “gestionados” las desestimaciones y los archivos, lo cual infla artificialmente sus tasas de “eficiencia anual”.
Según el Informe, el MP incurre en impunidad estructural en delitos de alto impacto social, provocando que más del 90% de los casos quedan impunes. A la falta de transparencia se aúnan estadísticas amañadas, que buscan ocultar una ineficacia estructural profunda, situación que fomenta la impunidad, deja desprotegidas a las víctimas y aumenta la desconfianza ciudadana en la justicia.
En el tercer apartado del Informe, se muestra un retroceso en la lucha contra la corrupción, uno de los problemas estructurales que más afecta a Guatemala. La persecución de los casos de gran corrupción que investigaron la FECI-CICIG sufrieron un severo retroceso bajo la administración de la actual Fiscal General. Los casos más complejos y emblemáticos se cerraron como consecuencia del uso de estrategias de impunidad para favorecer a sindicados de alto perfil político y económico, quienes han quedado libres de cargos. La FECI desvirtuó completamente su mandato y pasó a ser una fiscalía de persecución de actores que luchan contra la corrupción.
En el capítulo 4 se evidencia que la Fiscal General ha instrumentalizado el sistema penal con fines políticos, criminalizando a actores que luchan contra la corrupción. El MP persigue de manera sistemática a exfiscales, jueces y abogados que participaron en los casos de la CICIG. Además, criminaliza a periodistas independientes, defensores de derechos humanos y del territorio, y a líderes indígenas que participaron en la defensa de la democracia en 2023. Esto ha provocado que más de 100 personas hayan salido al exilio, más de 60 están siendo procesadas en el país y 6 personas se encuentran en prisión.
En el capítulo 5 se presentan las evidencias que muestran que la Fiscal General ha reestructurado arbitrariamente al personal del MP y se han realizado decenas de remociones, sanciones y traslados de personal fiscal sin seguir los procedimientos administrativos que corresponden, lo cual vulnera los principios de independencia, inamovilidad y estabilidad en el cargo, tal como lo exigen la Ley Orgánica del MP y los estándares internacionales de derechos humanos.
Finalmente, el Informe cierra con seis recomendaciones que, seguramente, la Fiscal General ignorará: 1) Reformas para establecer controles sobre el MP y el Fiscal General; 2) Mejorar el desempeño y la medición de resultados; 3) Retomar la lucha contra la corrupción; 4) Frenar la persecución penal arbitraria; 5) Fortalecer la carrera fiscal y el sistema disciplinario; y 6) Fortalecer el proceso de elección de Fiscal General.
La valiosa investigación del INECIP y de AxR evidencia la impunidad estructural y funcional que impera en el MP, y nos exhorta a retomar la lucha ciudadana por el imperio de la Justicia pronta y cumplida. En ese esfuerzo, debemos recordar y aplicar la máxima de Voltaire, el gran filósofo francés: Los pueblos a quienes no se hace justicia, se la toman por sí mismos más tarde o más pronto.
