Víctor Ferrigno F.

Jurista, analista político y periodista de opinión desde 1978, en Guatemala, El Salvador y México. Experiencia académica en las universidades Rafael Landívar y San Carlos de Guatemala; Universidad de El Salvador; Universidad Nacional Autónoma de México; Pontificia Universidad Católica del Perú; y Universidad de Utrecht, Países Bajos. Ensayista, traductor y editor. Especialista en Etno-desarrollo, Derecho Indígena y Litigio Estratégico. Experiencia laboral como funcionario de la ONU, consultor de organismos internacionales y nacionales, asesor de Pueblos Indígenas y organizaciones sociales, carpintero y agro-ecólogo. Apasionado por la vida, sobreviviente del conflicto armado, luchador por una Guatemala plurinacional, con justicia, democracia y equidad.

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Ayer, el presidente Bernardo Arévalo rindió su primer informe de gobierno, al cumplirse 100 días de la nueva administración. Lo hizo junto a la Vicepresidenta, el Gabinete, el Cuerpo Diplomático, el Ejército, y acompañado por las Autoridades Ancestrales de los Pueblos Originarios, sentados en primera fila, como corresponde.

Siempre me ha parecido un absurdo político que las nuevas administraciones rindan cuentas cuando apenas tienen 100 días de haber iniciado su gestión. En el establecimiento de esta absurda tradición, la prensa ha tenido una gran responsabilidad, que no ayuda al buen gobierno. Esta práctica fue importada acríticamente de EE. UU. un país con sólidas estructuras institucionales, que puede imponerse estos plazos fatales.

Quienes conocemos las vicisitudes de la administración pública sabemos que la fase de arranque es la más difícil, particularmente en casos como el actual, en el cual el binomio presidencial tuvo que tomar posesión en el marco de un intento de golpe de Estado, impulsado por el crimen organizado y el cártel de la toga, que controla el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad, entes que mediante fraudes de ley frenan la acción gubernamental, en el plano jurídico, económico y de seguridad, y han golpeado seriamente al partido Semilla, dificultando su gestión legislativa.

Lo realizado por el gobierno Arévalo-Herrera no es poca cosa, pero es insuficiente para una ciudadanía que, por décadas, ha carecido de educación, salud, vivienda y trabajo, y sin perspectiva de vida opta por emigrar al norte, abandonando familia, patria y cultura.

En resumidas cuentas, Arévalo rindió su informe entre dos posturas extremas: la del pacto de corruptos que se opone a todo, incluso con actos criminales, y la de la oposición de izquierda tiktokera que, desde la comodidad de las redes sociales, cuestiona virulentamente a Bernardo por no hacer más, como si los avances se redujeran a un asunto de voluntad política, y no a una correlación de fuerzas adversa, que torpedea al gobierno en cada paso.

No se puede negar que Semilla asumió el gobierno sin experiencia y sin cuadros, como es típico en un partido que nunca hizo gobierno antes. Se les exige, como en las empresas, que sean jóvenes con experiencia pero, salvo en el caso de los pueblos indígenas, son pocos los que arriman el hombro para cargar con una procesión de carencias, en un camino minado por la corrupción y la impunidad.

En esta columna no haré la glosa de los logros, pues el presidente rindió un detallado informe al respecto, pero si compartiré algunas reflexiones sobre los mismos. En primer lugar, destaca que este es el primer gobierno en el que las mujeres constituyen una masa crítica que toma decisiones y gobierna.

En segundo lugar, las acciones políticas y jurídicas contra la corrupción van en ascenso y cada vez más se destapan fraudes, latrocinios y privilegios. En este esfuerzo han contribuido crecientemente diputados aliados al gobierno, como los de la bancada VOS. Arévalo anunció que han realizado más de 30 denuncias penales sobre casos relevantes, como las vacunas Sputnik. Además, el Gobierno publicó, el pasado 22 de abril, el Acuerdo Gubernativo No. 62.-2024, que contiene el Código de Ética del Organismo Ejecutivo.

En un clima de inseguridad ciudadana heredado de anteriores administraciones, y agravado por el hambre y el crimen organizado, destaca el anuncio presidencial sobre las reducciones en los delitos de homicidios y extorsiones. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), que monitorea ambos ilícitos, considera que tales reducciones sí pueden atribuírsele a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio Público.  Sin embargo, el presidente Arévalo denunció un incremento inusual de los incendios forestales, que llegaron a 1,500, de los cuales el 80% han sido provocados intencionalmente, dijo.

El gobierno intentó aprobar un Estado de Calamidad Pública para combatir los incendios y contar con fondos extraordinarios, pero los diputados de oposición se negaron a ratificarlo, evidenciando las dificultades políticas del gobierno para combatir incluso un fenómeno que afecta indiscriminadamente.

En mi opinión, el solo hecho que Bernardo Arévalo y Karin Herrera se mantengan en el poder y gobiernen, aún con dificultad, es un logro muy significativo, para una administración que ha sido atenazada como ninguna otra por fuerzas criminales que cooptaron casi toda la institucionalidad del Estado, y aún cuentan con suficiente fuerza para bloquear o dificultar las medidas de gobierno que buscan llevar a Guatemala por un nuevo derrotero.

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