Una vez más, como en 2015, el pacto de corruptos subestimó al Pueblo de Guatemala, y creyó que la ciudadanía no respondería ante el golpe de Estado en curso, pero cientos de miles de guatemaltecos, hombres y mujeres de bien, salieron a las plazas, calles y carreteras, protagonizando un alzamiento popular, con el respaldo de iglesias, universidades, comerciantes, gremios de transportistas y otros sectores sociales.
Las autoridades viales han informado de más de 140 bloqueos carreteros, el cierre del acceso a los dos principales puertos, en el Atlántico y en el Pacífico, y sobre la suspensión de, por lo menos, un paso fronterizo con México. El desabasto de combustibles, alimentos, insumos fabriles y la escasez de mano de obra en las fábricas y maquilas, así como el cierre de hoteles y restaurantes ya es crítico. Se trata de un auténtico alzamiento popular, que exige el cese de la corrupción, el respeto a la democracia, y la renuncia de cuatro funcionarios públicos que son la cara visible del golpe de Estado técnico.
Hace un par de semanas, hasta las cámaras empresariales demandaron el respeto a los resultados electorales, y reconocieron a Bernardo Arévalo y a Karin Herrera como el binomio presidencial que debe asumir el gobierno el próximo 14 de enero.
Sin embargo, el Ministerio Público (MP), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC) siguieron retorciendo la ley, publicando resoluciones confusas, contradictorias y hasta ilegales, con el apoyo de los Organismos Legislativo y Ejecutivo, protagonizando lo que el Presidente electo ha llamado “un golpe de Estado en cámara lenta”, el cual ha sido condenado por decenas de países y organismos internacionales, como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Así, al fraude de ley del pacto criminal, se sumó el aislamiento político nacional e internacional, el bloqueo económico y, ahora, el alzamiento ciudadano, que podría terminar en una insurrección popular, si Alejandro Giammattei, el artífice real de esta tragedia, mantiene su empecinamiento. Más temprano que tarde, el Pueblo se dará cuenta que es a Giammattei a quien hay que demandarle la renuncia, y la confrontación será inevitable.
La gente de a pie, que sale a las carreteras a demandar respeto a la democracia y a la justicia, rápidamente toma conciencia de su fuerza social, y comienza a recordar a sus hijos enfermos y con hambre, sin escuela ni futuro, y empezará a preguntarse si no es hora de darle vuelta a la tortilla, erradicar a la nefasta clase política actual, y ejercer su poder soberano, para construir una sociedad incluyente, regida por una democracia pluricultural, y con justicia social.
Se trata de un espontáneo y creciente movimiento social, que ha ido de la periferia a la capital, en el cual los partidos de izquierda y los viejos liderazgos sociales han sido totalmente superados y, para sorpresa de una sociedad racista, el único liderazgo reconocido es el de las autoridades ancestrales indígenas, encabezadas por los 48 Cantones de Totonicapán, que convocaron a la ciudadanía, y han comenzado a construir un nuevo imaginario político, en el que es el Pueblo multinacional, el que emplaza y manda.
Es a estas ideas fuerza a las que la oligarquía les teme, pues sabe que después de abolir la corrupción, vendrá el cese de privilegios de todo tipo, que hoy les permite acrecentar su capital con total impunidad. La defensa ciega de esos privilegios llevó a muchos sectores empresariales (no todos) a pagar coimas por contratos estatales millonarios, por garantizarse impunidad por el irrespeto de las normas laborales y ambientales, por la evasión y elusión fiscal, por la concentración de créditos blandos, y por el financiamiento electoral ilícito, cáncer de nuestra democracia electoral. Así, pasaron a formar parte del pacto de corruptos, en asocio con políticos venales, militares genocidas y narcotraficantes.
En el fondo, el pacto de corruptos y sus aliados no solo demandan la libre circulación de vehículos en las carreteras, sino el flujo impune del contrabando, del narcotráfico, de las medicinas sobrepreciadas, de los contratos carreteros amañados, de los monopolios centenarios, y hasta de los criminales de guerra, o de los asesinos que matan por hambre, por robo de vacunas anti Covid, por hospitales inconclusos y hasta de aquellos que comercian con agroquímicos venenosos o con granos transgénicos que, además de liquidar seres humanos, aniquilan a la naturaleza.
Para ocultar la criminal trama antes descrita, el pacto de corruptos ha intentado confundir a la opinión pública, con bulos o noticias falsas, aduciendo que no hay comida por los bloqueos, cuando los dirigentes de los mercados se han unido al levantamiento popular, junto con microbuseros, maestros y una curia consciente que el domingo pasado celebró una misa de cinco curas frente al MP, para exorcizar a la institución y a sus funcionarios.
Ayer, después de reunirse con la comisión mediadora de la OEA, los dirigentes indígenas ancestrales informaron que no levantarán los bloqueos viales, hasta que renuncien Consuelo Porras, los fiscales Curruchiche y Monterroso, y el juez Orellana. Respondieron así, con claridad y firmeza, al discurso de Porras anunciando que no renunciará, y a la amenaza de Giammattei de reprimir los cierres carreteros.
El Presidente de 48 Cantones aclaró que ellos no pidieron el liderazgo del movimiento social, pero que ellos responden al mandato del Pueblo, por lo que no claudicarán.
La única razón plausible por la cual el actual presidente sostiene a Consuelo Porras, la funcionaria más odiada en Guatemala, es por toda la información que ella ha acumulado sobre los negocios turbios del pacto de corruptos y, particularmente, los de Miguel Martínez y Giammattei. Así, la suerte está echada, para que la Fiscal General se vaya, se tendrá que ir con su jefe.
Esperamos que la sangre no llegue al río, y que por todo el país se multipliquen hechos como como los sucedidos ayer en la comunidad Las Lomas, Zaragoza, donde llegaron a reprimir decenas de efectivos del ejército y de la Policía Antimotines (FEP). Los vecinos kaqchiqueles organizados los frenaron, y les mostraron el amparo provisional que la CC acababa de otorgarle a 48 Cantones, reconociendo el derecho de libre circulación de las personas.
Ante la razón y la fuerza, los agentes decidieron retirarse, pero pidieron apoyo a los dirigentes comunitarios para no ser agredidos, quienes los acompañaron caminando hasta el cuartel de Chimaltenango, donde llegaron ilesos, y encontraron el parque repleto de ciudadanos. Los uniformados se formaron frente a la ciudadanía, izaron el lábaro patrio y, todos juntos, cantaron el Himno Nacional. Alto y fuerte se oyó la voz del Pueblo: “Libre al viento tu hermosa bandera/ A vencer o a morir llamará/ Que tu Pueblo con ánima fiera/ Antes muerto que esclavo será”.
