Adrian Zapata

zapata.guatemala@gmail.com

Profesor Titular de la USAC, retirado, Abogado y Notario, Maestro en Polìticas Pùblicas y Doctor en Ciencias Sociales. Consultor internacional en temas de tierras y desarrollo rural. Ha publicado libros y artículos relacionados con el desarrollo rural y con el proceso de paz. Fue militante revolucionario y miembro de organizaciones de sociedad civil que promueven la concertación nacional. Es actualmente columnista de el diario La Hora.

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Anoche se conoció la carta enviada por Giammattei al Presidente electo, Dr. Bernardo Arévalo, reclamándole por sus declaraciones en las cuales expresó que no participaría en la mesa de diálogo y negociación que se realizará en el marco de la mediación de la OEA.

Haciendo gala de un cinismo grosero, Giammattei le dice “Sea responsable y asuma las consecuencias de sus acciones”. 

Esta petición del actual Presidente es coincidente con declaraciones de otros analistas y actores sociales, que también reclaman la participación de Arévalo en dicha mesa.

La lógica que guía estas peticiones es perversa. Subyace un rancio racismo, que se niega a reconocer el liderazgo de las autoridades ancestrales de los pueblos originarios en el país. Inclusive, en varias solicitudes similares, con intenciones que podrían entenderse como benévolas, persiste este sustento de racismo étnico.

Y es que no son capaces de comprender que “los indios” no son sujetos manipulables por terceros, que los “utilizan”.  Estos analistas ladinos creen que Bernardo Arévalo es quien está atrás de esas movilizaciones y que, por lo tanto, es capaz de decidir sobre el cese de sus acciones de protesta y dignificación de la ciudadanía. 

Pero lo más grave de esta posición no es la confusión en que se ahogan. Esta mentalidad racista es la que no permite construir un Estado inclusivo, donde se comprenda la naturaleza plurinacional que lo caracteriza, Y eso es grave porque en Guatemala la necesaria unidad nacional debe ser construida a partir de ese reconocimiento. Reconocer esa plurinacionalidad no fragmenta al Estado, al contrario, lo construye.

Las autoridades ancestrales ostentan un liderazgo que no buscaron, que se los han dado los múltiples y diversos actores sociales, urbanos y rurales, indígenas y mestizos, que reconocen en ellos la valiente punta de lanza para defender el carácter democrático y republicano del Estado guatemalteco. Este fenómeno es novedoso en Guatemala y me atrevería a decir en los países con alta población indígena en América Latina. 

Yo no participo de las visiones románticas que idealizan a los pueblos indígenas y su cultura. Pero lo que está sucediendo ahora en el país demuestra cómo su sabiduría ha permitido imbuir en el imaginario colectivo de una masiva movilización social, una visión serena, cohesionadora de la protesta pacífica y paciente, donde coinciden ahora barrios populares y de clase media, los mercados, los estudiantes universitarios y hasta algunos importantes sectores empresariales.

En la cabecera de esa mesa negociadora deben estar las autoridades ancestrales, acompañadas de otros actores sociales que participan en las movilizaciones. Y esto lo debe entender la Misión de la OEA que pretende mediar en esta crisis política.

Al Presidente electo le corresponde apoyar esta negociación y comprometerse con los resultados positivos que allí se obtengan. El deberá hacer, como futuro gobernante, quien asuma y promueva los acuerdos que se logren.

Pero ojo, el punto de partida de esta mesa debe ser la aceptación de la legitimidad que tiene la petición de renuncia que existe en relación a la Fiscal General, de los fiscales que la acompañan en sus fechorías y del juez Orellana. De igual manera, la flexibilización de los bloqueos debe ser un acuerdo inmediato de dicha mesa. 

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