Como he planteado en mis anteriores columnas, la incertidumbre es el factor político dominante en el actual proceso electoral. En el marco de la cooptación del Estado por el Pacto de Corruptos, las actuaciones vacilantes y las resoluciones contradictorias del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sumadas a los fallos de dudosa legalidad de las Altas Cortes, han sembrado la duda en la ciudadanía sobre la viabilidad de la Segunda Vuelta Electoral (SVE).
Los llamados a respetar las normas y los plazos electorales han sido profusos, y han provenido de instancias internacionales, empresariales, religiosas, académicas, sociales y culturales. En ese sentido se han pronunciado la Unión Europea, el Departamento de Estado de EE. UU., la OEA, casi la totalidad de Cámaras y organizaciones empresariales, la Conferencia Episcopal, universidades, agrupaciones de escritores y periodistas, un sinnúmero de organizaciones sociales y de Pueblos Indígenas. En muchos casos, estos pronunciamientos han sido reforzados por concentraciones y manifestaciones, ejerciendo una creciente presión política y social contra el TSE y las Altas Cortes que, ante las claras evidencias fácticas de que no hubo fraude, han tenido que doblar las manos y avanzar hacia la adjudicación de cargos y a reiterar que el 20 de agosto habrá SVE, aunque en el marco de un proceso tortuoso y cuesta arriba.
Los resultados de la Primera Vuelta Electoral (PVE) tomaron por sorpresa al Pacto de Corruptos y a sus partidos políticos, quienes impulsaron una serie de acciones legaloides que vulneran el poder soberano expresado en las urnas. Nueve de esos partidos políticos presentaron una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), argumentando “que concurrieron distintos vicios, específicamente, en el conteo de votos y la elaboración de actas, los que ponen en riesgo la voluntad del electorado”, se consigna en los antecedentes de la resolución del más alto tribunal constitucional.
Según la CC, “los amparistas acompañaron para el efecto, como medios de comprobación, copias de documentos que reproducen actas correspondientes a distintas Juntas Receptoras de Votos (JRV), del proceso electoral donde estiman existen anomalías”.
Sin embargo, como se ha podido comprobar mediante el cotejo electrónico del 98.99% de las actas, realizado por el Foro Guatemala, “las variaciones entre la digitación de este ejercicio de observación cívica y los publicados desde el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), en relación al total de votos digitados, varían en un máximo del 0.056%», o sea, cinco centésimas porcentuales, variación que no puede alterar resultados.
Por lo anterior, concluyen en que «los resultados concuerdan con los resultados preliminares publicados en el TREP y se confirma que no cambia el orden de los resultados de ninguna de las agrupaciones políticas».
Aunque el amparo debió ser interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Corte de Constitucionalidad (CC) le dio trámite y emitió una resolución que vulnera el poder soberano expresado en las urnas. Entre otras cuestiones, ordenó al TSE que suspendiera la oficialización y adjudicación de cargos, y convocara a nuevas audiencias de revisión de escrutinios, a pesar que las realizadas contaron con la presencia de todos los partidos políticos, se hicieran las revisiones del caso, y se enmendaran los resultados si correspondía. Además, los fiscales de los amparistas no impugnaron los resultados ni en las JRV ni en las Juntas Electorales Municipales, y los plazos que otorga la ley para la revisión ya habían fenecido.
Al iniciarse el nuevo cotejo de actas, los partidos amparistas insistieron en que se abrieran todas las cajas y se hiciera un conteo manual de votos en todo el país, lo cual no fue aceptado por el TSE por ser ilegal. En respuesta, tres de los amparistas presentaron ante la CSJ una solicitud de Asistencia para la Debida Ejecución de la Sentencia de la CC, argumentando que el TSE no la cumplía cabalmente.
La verificación de actas físicas evidenció que las anomalías eran mínimas, por lo que el lunes pasado, la CSJ resolvió improcedente la Asistencia para la Debida Ejecución presentada por tres partidos políticos, dando por resuelto lo mandatado por la CC en el amparo provisional, pero aún queda pendiente que resuelva en definitiva el amparo presentado, con el riego que resulte una aberración jurídica.
Este largo y tortuoso camino de judicialización de la política aún tiene un largo recorrido. El TSE aún tiene que terminar de resolver parte de los 321 recursos de nulidad que se han interpuesto sobre las elecciones generales y sus resultados en diferentes municipios y departamentos del país. Además, aún está pendiente que reciban el Acta No. 8 de Quezaltenango, que contiene información desglosada por municipios, y la constancia sobre los resultados preliminares de las elecciones celebradas el pasado 25 de junio.
Una vez la CSJ resuelva en definitiva el amparo presentado, y el TSE finiquite los asuntos pendientes, podría oficializar los resultados electorales y proceder a la adjudicación de cargos.
Sin embargo, los partidos quejosos aún podrán apelar ante la CC lo resuelto por la CSJ, tal como ya lo anunció el Secretario General del partido Compromiso, Renovación y Orden (CREO), Oscar Chinchilla, quien advirtió que presentarán una apelación ante la CC, pues insisten en que más de 37 actas en el Distrito Central tienen irregularidades, y que si les suman los votos que no se les contaron a su favor, el candidato Roberto Gonzáles resultaría electo Alcalde de la ciudad capital.
En este laberinto de güizaches y cagatintas, la voluntad soberana del Pueblo de Guatemala no está siendo respetada, por lo que la ciudadanía debe presionar para que se realice la SVE y defender voto por voto, para erradicar la corrupción, y comenzar a construir una auténtica democracia, con libertad y justicia social, en la que la libre determinación de la ciudadanía prime sobre tanta manipulación legaloide.
