A Pablo González Casanova, auténtico intelectual latinoamericano, in memoriam.
Tristemente, Guatemala vuelve a ser noticia internacional por el incumplimiento de la obligación del Estado de garantizarle a la ciudadanía el pleno goce de sus derechos fundamentales. En su recién publicado Informe 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sostiene que “la situación identificada en el 2021 relacionada con la obligación del Estado de combatir la impunidad, y respetar y garantizar la independencia judicial, se habría agravado”.
Como es sabido, el denominado Pacto de Corruptos, integrado por políticos deshonestos, empresarios venales y militares masacradores, han cooptado todas las instituciones del Estado, imponiendo un régimen de impunidad, en el cual los delincuentes son protegidos y los ciudadanos honrados son perseguidos.
Como señala la CIDH en su Informe 2022, se ha registrado una “intensificación de la persecución judicial y criminalización y el abuso del procedimiento de antejuicio con la finalidad de amedrentar y retirar de su cargo a personas operadoras de justicia”. El uso punitivo e indebido del Derecho penal se ha dirigido en contra de personas “encargadas de la investigación y juzgamiento de casos vinculados con el Conflicto Armado Interno (CAI), incluyendo casos que cuentan con sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), y con hechos de corrupción de alto impacto o gran escala”.
La CIDH identifica a las víctimas de esta criminal política represiva del Estado, señalando que fiscales, exfiscales, jueces y juezas con competencia penal de Mayor Riesgo “tienen como común denominador haber seguido causas por delitos como genocidio, desaparición forzada, tortura, delincuencia organizada y lavado de dinero”. La referida persecución se realizó en contra de funcionarios del Organismo Judicial (OJ) y del Ministerio Público (MP) que participaron en casos e investigaciones del CAI y de hechos de corrupción.
Además, la CIDH también advirtió sobre la persistencia de “un grave contexto de riesgo a la labor periodística debido a la continuación de actos de violencia y procesos de criminalización y persecución judicial”. La Comisión concluye que esta estrategia se desarrolló “con el fin de favorecer a estructuras y grupos de poder interesados en asegurar la impunidad”, confirmando que en Guatemala vivimos en un Estado de hecho, no de Derecho.
La CIDH también identificó a los principales operadores de estas violaciones de los DD. HH., señalando que estos hechos de persecución ocurren en un contexto de “señalamientos sobre la falta de independencia del MP y su fiscal general por su rol en la persecución judicial”.
La CIDH destaca que recibió información sobre el debilitamiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y otras unidades del MP encargadas de la investigación de casos de corrupción y justicia transicional, mediante el traslado, criminalización o remoción arbitraria de sus funcionarios, incluyendo a fiscales de carrera.
En su memorial de agravios la CIDH indica que en 2022, por lo menos, once integrantes y exmiembros de la FECI fueron privados arbitrariamente de su libertad; funcionarios de esa Fiscalía fueron trasladados a otras dependencias, y despidieron a por lo menos 14 auxiliares o agentes fiscales.
Con acierto y pruebas, la CIDH señala como un destacado operador político de esta persecución a Ricardo Méndez Ruiz, resaltando el papel preponderante de la “Fundación contra el Terrorismo”, en la estrategia de “criminalización mediante la presentación de un alto número de denuncias penales, solicitudes de retiro de antejuicio y en la perpetración de un contexto de hechos de amenazas”. […] “La intimidación, hostigamiento y campañas de estigmatización promovidas e impulsadas por integrantes de la misma Fundación, cuenta con la aquiescencia y tolerancia del MP”, resaltó el informe. Además, la Comisión indicó que la “Fundación ha promovido denuncias contra 24 exintegrantes de la FECI, tres abogadas de la extinta CICIG, seis jueces y dos exfiscales generales”.
La CIDH registra que en ese contexto varios victimarios, incluida la Fiscal General, han sido señalados internacionalmente de atentar contra la democracia, recordando que el 20 de julio del año pasado, el titular de la FECI, Rafael Curruchiche, fue sancionado por el Gobierno de los Estados Unidos “por su papel para obstruir investigaciones de corrupción de alto perfil contra funcionarios del gobierno”.
La CIDH señala que las acciones penales en contra de personas operadoras de justicia se enmarcan en un clima de “amenazas, intimidación, hostigamiento y campañas de estigmatización en su contra”.
El Informe 2022 de la CIDH se presentó justo en el inicio de la campaña electoral, ratificando los vicios que los actores políticos han señalado en relación con la falta de independencia judicial para resolver los contenciosos electorales. En ese orden de ideas, ayer la Corte de Constitucionalidad le dio trámite a un amparo promovido por Thelma Cabrera y Jordán Rodas, reclamando su derecho a elegir y ser electos, pues todo el sistema político conspira para dejarlos fuera de la contienda electoral.
El panorama político no es alentador, pero hay que recordar el aserto de A. Philip Randolph, activista afroamericano de los derechos civiles, “La libertad nunca se concede sin más; hay que luchar por ella. La justicia nunca se recibe sin más; hay que exigirla.”
