Víctor Ferrigno F.
A Ronaldo Robles, periodista y demócrata irreductible, in memoriam.
Entre el País Vasco, en la península ibérica, y Quezaltenango, media una gran distancia geográfica, social y cultural, pero hasta allá le tocó exiliarse al ex Procurador de los Derechos Humanos (PDH) Jordán Rodas Andrade, por la persecución política que le ha entablado el Pacto de Corruptos, para evitar que se postule como candidato a Vicepresidente, por el Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP).
Con finiquito en mano, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le denegó la inscripción, sin esperar que el órgano correspondiente definiera si tal finiquito es válido; para ellos, lo importante es que no logre contar con antejuicio, para encarcelarlo. Al Pacto de Corruptos le preocupa que, según la encuesta de Cid-Gallup de enero pasado, Telma Cabrera esté empatada en cuarto lugar con Edmond Mulet.
Se trata, una vez más, de judicializar la política electoral, para imponer a la mala a las candidatas del oficialismo: Zury Ríos y Sandra Torres. Está en juego el gobierno, pero no el poder; así, el objetivo es erigir una falsa democracia, basada en un fraude de ley.
Una de las peores herencias que nos legó el conflicto armado fue la contracultura de confrontación y violencia. La lógica de la guerra -la idea de someter al adversario- se instaló en nuestra vida cotidiana; el diálogo, la concertación y las votaciones son recursos poco utilizados para resolver nuestras controversias, agravadas por un contexto de impunidad, pobreza, corrupción y ausencia de perspectivas.
La firma de la paz, con toda su relevancia, significó un afortunado cese de fuego, pero no resolvió las carencias sociales acumuladas por décadas; para ello hay que darle cumplimiento al conjunto de los compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz, en plazos y modalidades razonables, para evitar nuevos estallidos sociales.
Políticos y funcionarios, generalmente, tienden a responder a relaciones de fuerza y no a cuestiones de principios. Las demandas de cada sector ciudadano son atendidas en proporción a su fuerza -económica, social o militar- y no por su justeza; esta nociva práctica genera, entre los ciudadanos, la percepción de que sus reclamos sólo serán resueltos si van acompañados de medidas de hecho.
La Democracia (así con mayúscula) no se reduce al proceso electoral, debe garantizarle la vida al ciudadano, así como la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral. Eso es lo que postula nuestra Carta Magna y hacia esa meta deberíamos avanzar, pero caminamos en sentido contrario.
Desde hace décadas, he sostenido en mis escritos que en Guatemala hay libertad para votar, pero no para elegir. Es decir, las opciones electorales son pobres, poco convincentes y carentes de contenido. Pero en estos comicios la judicialización de la política ha acentuado la debilidad de nuestra democracia electoral, incrementando la incertidumbre, pues los cuatro punteros tienen problemas legales y su postulación es dudosa.
A Roberto Arzú, que según la citada encuesta ocupa el primer lugar en la lid, el TSE le denegó la inscripción, por presunta propaganda anticipada, después de denunciar un fraude mayúsculo en el Instituto Nacional de Electrificación, con el fin de contar con fondos espurios para financiar las campañas del oficialismo.
Zury Ríos tiene impedimento constitucional (Arto. 186) para candidatearse, por ser hija de un general golpista. No obstante, elevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y alcanzó un acuerdo amistoso con el Estado de Guatemala, suscrito el 28 de diciembre de 2021, para poder ser candidata, ya que según la CIDH el citado artículo de nuestra Carta Magna contraviene la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por Guatemala, así como otros tratados internacionales.
Sin embargo, las acciones legales en contra de la inscripción de Ríos Sosa no se harán esperar, pero el Estado de Guatemala la tendrá que inscribir en virtud del principio pacta sunt servanda, por el cual los Estados deben cumplir de buena fe las obligaciones asumidas en los tratados.
Por su parte, la candidatura a la Vicepresidencia de la UNE, de Romeo Estuardo Guerra Lemus, ha sido legalmente objetada, por haber sido ministro de culto de la Iglesia Sion, contraviniendo la prohibición constitucional al respecto.
Abundan los ejemplos que desvirtúan la contienda electoral, y pretenden que sean los tribunales venales y no los electores quienes decidan sobre las candidaturas. Obviamente, no abogo por la impunidad; solamente sostengo que se está desvirtuando el proceso electoral. Lo curioso es que las fuerzas más cuestionadas por corrupción e impunidad, sean las que abusan de la acción judicial.
El primer resultado es que se agravó la incertidumbre política y legal del proceso electoral, y se minó aún más la credibilidad de las instituciones. Cualquier parvulario se da cuenta que se está judicializando la política electoral para impedir que sea el Pueblo soberano quien decida quién gobernará al país, lo que equivale a poner en jaque a la democracia representativa y al Estado de derecho.
Es evidente que tras estas acciones hay una trama política que solamente puede provenir del pacto de corruptos, que temen la posibilidad de que pierdan el régimen de impunidad. La colusión de empresarios venales, políticos corruptos y militares genocidas para seguir gozando de impunidad está llevando al país hacia un despeñadero sin retorno.
Evidentemente, necesitamos hacer una profunda reingeniería del sistema político-electoral, para llegar a una Asamblea Nacional Constituyente, de poder originario, para definir un nuevo modelo de Estado y de Democracia, sin exclusiones, sin impunidad, sin injusticias, sin corrupción.
Tal vez por estas complejidades Sir Winston Churchill sostenía, irónicamente, que “la democracia es el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de todos los sistemas políticos restantes”.
