Víctor Ferrigno F.
En Guatemala, como en el resto del mundo, la minería es una actividad que genera grandes costos sociales y ambientales, y deja muy escasos beneficios. Esto es así desde la Colonia, donde siempre se impuso la concepción extractivista, esclavizando y sobreexplotando a los trabajadores, y trasladando la riqueza fuera del país, dejando muerte, desolación y contaminación.
En la actualidad la actividad minera está sujeta a controles normativos de todo tipo, para minimizar los daños ambientales y sociales que conlleva. Lamentablemente, las medidas de control, mitigación y reparación son burladas por una maraña de corrupción y sobornos entre los funcionarios venales y las empresas corruptoras. Este esquema se reproduce hasta la náusea, desde la simple extracción de arena, hasta la explotación del litio, el nuevo oro blanco. Se repite en todos los países, pero se da de forma exacerbada en aquellas naciones donde la impunidad y la corrupción campean.
Extractivismo, corrupción, daño ambiental e impunidad es una cuadriga que cabalga por doquier y no reconoce ideología. La reproducen, sin rubor, empresas capitalistas y muchas que son propiedad de Estados socialistas, como las de origen chino que extraen ilegalmente oro en Bolivia, al amparo de cooperativas de mineros artesanales, sin estar registradas, sin pagar impuestos y sin respetar el medio ambiente.
En Guatemala, los interesados en obtener una licencia de explotación minera deben presentar a la entidad correspondiente un estudio de impacto ambiental, para su evaluación y aprobación; generalmente, estos estudios se hacen de manera deficiente y las falencias se subsanan mediante coimas y sobornos, convirtiéndose en una mercancía cuyo precio depende de la calidad y de la cuantía del mineral a extraer, y del daño ambiental que van a provocar. Por ello, casi la totalidad de mineras opera con licencias ambientales compradas.
Es en el anterior contexto que investigaciones periodísticas, del New York Times, y de la anterior Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Impunidad (FECI), dirigida por Juan Francisco Sandoval, advirtieron sobre un entramado de corrupción de mineras y empresarios rusos que involucra a altos funcionarios de gobierno, incluido el presidente Alejandro Giammattei. En las banquetas, cantinas y saraos el caso se conoce como “la alfombra mágica”, pues un testigo declaró a la FECI que los empresarios mineros rusos llevaron una cuantiosa cantidad de efectivo a la casa del mandatario, disimulada en una alfombre enrollada.
Como es usual en el actual Ministerio Público, el caso fue acallado, los testigos silenciados y las pruebas documentales desaparecidas o traspapeladas, hasta que el pasado viernes 18 de noviembre el Departamento del Tesoro informó que Estados Unidos ha impuesto sanciones económicas a un ruso, una bielorrusa y tres compañías por «corrupción» y «tráfico de influencias» en la explotación del sector minero de Guatemala.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que se sancionó y designó bajo la Ley Global Magnitsky al ciudadano ruso Dmitry Kudryakov y a la ciudadana bielorrusa, Iryna Litviniuk, por dirigir múltiples esquemas de soborno durante varios años, que involucraron a políticos, jueces y funcionarios gubernamentales. También fueron sancionadas la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), la Compañía Procesadora de Níquel (ProNiCo) y Mayaníquel que funcionan como subsidiarias del grupo Solway Investment, una empresa rusa que ha explotado minas en Guatemala desde 2011, en Izabal. “Las personas y entidades están designadas de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13818, que se basa e implementa la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos y se enfoca en los perpetradores de abusos graves de derechos humanos y corrupción en todo el mundo”.
Las empresas señaladas pretendieron darse baños de pureza y comunicaron haber “inmediatamente suspendido de sus cargos” a Kudryakov y Litviniuk “hasta que se aclare la situación”. Por su parte, el vocero de la Casa Blanca, Ned Price, señaló que la corrupción es un factor clave de la dañina incidencia rusa. Estas designaciones señalan a una atroz red rusa de corrupción, dentro de la industria minera guatemalteca, dijo. El Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, explicó que “apoyamos al pueblo de Guatemala y apoyamos la protección de los recursos naturales de su país contra la explotación externa”.
El Gobierno de Guatemala tardó tres días en pronunciarse, y en un comunicado cargado de cinismo sostuvo que “Las sanciones son resultado de un estrecho trabajo y comunicación continua del Gobierno de Guatemala con agencias del Gobierno de EE. UU.” Además, señaló que las licencias mineras cuestionadas fueron otorgadas por anteriores gobiernos, y que las investigaciones deben continuar, tomando distancia del entramado ruso, porque oyeron pasos de animal grande, como sostuvo el editorial de La Hora.
Los señalamientos de EE. UU. son muy graves, y sus funcionarios saben que al profundizar en la investigación sobre la trama rusa, tarde o temprano llegarán hasta Giammattei. Impulsar esta acción política, al más alto nivel, dos meses antes de la convocatoria a las próximas elecciones generales es un hecho calculado, que tiene implicaciones geopolíticas para el país, y constituye una espada de Damocles sobre el cuello de Alejandro Giammattei. Evidentemente, se trata de una advertencia para que el mandatario haga o deje de hacer algo de gran trascendencia que, por ahora, es secreto de Estado.
