Víctor Ferrigno F.
A Sergio Beltetón, inclaudicable defensor de campesinos y trabajadores, in memoriam.
Desde el exilio, el adalid de la lucha contra la impunidad, el honorable Juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar, anunció ayer, al filo del mediodía, que renunciaba a la judicatura, por la absoluta falta de garantías de seguridad y la total ausencia de independencia judicial.
En su calidad de titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, el togado conoció procesos de estructuras criminales, de grupos del crimen organizado, señalados de corrupción y especialmente casos Del Conflicto Armado Interno. Entre otros, ligó a proceso al genocida Efraín Ríos Montt, conoció el caso de la masacre de la Embajada de España, abrió proceso contra los militares que esclavizaron sexual y laboralmente a 15 mujeres de Sepur Zarco, así como varios casos que involucran al expresidente Otto Pérez Molina y a Roxana Baldetti.
El proceso que agravó las amenazas en su contra fue el del Diario Militar, en el que los victimarios son acusados de la captura ilegal, tortura, asesinato y desaparición forzada de, por lo menos, 183 ciudadanos, entre 1983 y 1985.
Sobre estos crímenes de lesa humanidad le decimos: gracias, mil gracias, honorable Juez Miguel Ángel Gálvez, por haber develado cómo el ejército de Guatemala se organizó junto a la policía nacional, hace 40 años, para realizar los hechos atroces registrados en el Diario Militar, contra las y los ciudadanos que eran calificados como enemigos del Estado. Fue muy ilustrativo cuando usted leyó un documento desclasificado en el que se informaba que, para no dejar pruebas de las torturas y asesinatos, lanzaban los cadáveres al mar desde aviones del ejército, “Algunos aún iban vivos”, se consigna en el documento.
De no ser por algunos sobrevivientes, como el abogado Sergio Beltetón, por la incansable lucha de los familiares de las víctimas, y por el descubrimiento del Diario Militar y el Archivo Histórico de la Policía Nacional, estos hechos continuarían ocultos, cobijando con el manto de la impunidad a los militares y policías que ahora deberán enfrentar juicio.
Ayer por la mañana, mientras el Juez Gálvez anunciaba su renuncia, se conoció el lamentable fallecimiento del abogado Sergio Beltetón, testigo y sobreviviente de las torturas de la inteligencia militar, así como la decisión de la Corte de Constitucionalidad, que denegó un amparo a Jacobo Salán, uno de los principales responsables de los hechos criminales descritos, resolución que sorprendió al foro guatemalteco.
Fue acertada la decisión del Juez Gálvez de enviar a juicio a estos criminales, con estricto apego al debido proceso, dándole a los sindicados todas las garantías para que haya verdad, justicia, reparación digna y garantías de no repetición.
¡Qué paradoja! Un Juez probo, garantizándole el derecho de defensa a los cobardes militares y policías que violaron niñas, torturaron a hombres y mujeres, los asesinaron y se niegan a confesar dónde ocultaron los cadáveres.
Esa es la diferencia entre una justicia democrática y garantista, y los crímenes de lesa humanidad que cometían las fuerzas armadas para afianzar el régimen de impunidad, exclusión, racismo y explotación que le ha permitido acumular fortunas a quienes hoy integran el Pacto de Corruptos.
La Unión Europea, varios gobiernos, así como la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), y otras instancias ciudadanas ya han condenado las amenazas contra el Juez Gálvez, demandando pleno respeto a la independencia judicial, tutelada en el artículo 203 de la Constitución Política y el artículo 27 de la Ley de la Carrera Judicial. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares, mismas que el Estado de Guatemala ha incumplido.
La crisis institucional que hoy vivimos, gracias a la total cooptación de las instituciones por el crimen organizado, ha permitido que se presenten más de cinco procesos de antejuicio contra el togado, con la aquiescencia del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que se han negado a defender la independencia judicial de Gálvez, privándolo del derecho pleno de defensa, al impedir que recuse a un juez pesquisidor con vínculos militares, e impidiendo que las audiencias sean públicas.
Pero no todo está perdido. Muchas veces la justicia tarda, pero finalmente llega, aunque sea 42 años después. El pasado 10 de noviembre, la Cámara de Acusación de Bruselas, Bélgica, anunció su decisión de procesar penalmente a altas autoridades del gobierno de Guatemala, de la década de 1980, por crímenes de lesa humanidad. Ha abierto proceso y emitido órdenes de captura contra Ángel Aníbal Guevara, Donaldo Álvarez Ruiz, Pedro García Arredondo, Benedicto Lucas García y Manuel Antonio Callejas, por el asesinato de los misioneros belgas Walter Voordeckers y Ward Capiau, y la desaparición de Serge Berten.
Estas acciones se basan en la Ley del Estatuto Belga sobre Jurisdicción Universal, de 1999, que establece que las desapariciones forzadas y los asesinatos son crímenes contra la humanidad, que no prescriben y la justicia belga es competente para perseguirlos.
A la ciudadanía guatemalteca nos toca luchar contra el Pacto de Corruptos, y construir un Estado democrático y plurinacional de Derecho, para responder a la solicitud del honorable Juez Gálvez, quien en su renuncia nos ha pedido que no permitamos “que se roben una Justicia que añoramos todos los guatemaltecos”, sin olvidar que “la Justicia es cuestión de poder, y no control de poder”.
Debemos promover una respuesta ciudadana proporcional al reto que se nos plantea, antes que la oligarquía venal y sus aliados criminales caven la fosa de nuestra enclenque república, secuestrando a la Justicia para sustituirla por un chapucero Estado de facto, donde las contradicciones sociales volverán a dirimirse violentamente, con su cauda de sufrimiento y sangre, y donde los que más tienen son quienes más perderán.
