Víctor Ferrigno F.
A Yassmin Barrios, Miguel Ángel Gálvez y Carlos Ruano, jueces indoblegables.
La ruptura del orden constitucional en Guatemala, por el Pacto de Corruptos, es un tema de alta preocupación en el concierto de las naciones, y el ataque permanente contra la independencia judicial ha sido condenado por los órganos de Derechos Humanos de la ONU y del Sistema Interamericano. Tanto la Comisión como la Corte Interamericana de DD. HH. han dictado medidas cautelares a favor de jueces, fiscales, periodistas y ciudadanos perseguidos y criminalizados, medidas que han sido ignoradas por el Estado de Guatemala, con un alto costo político e institucional.
La semana pasada se publicó el informe que contiene los resultados de la visita realizada a Guatemala por una delegación conjunta de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y la Unión Internacional de Magistrados (UIM), del 9 al 11 de agosto de 2022. Ambas instancias decidieron realizar una visita de verificación ante las alarmantes noticias que recibieron sobre los ataques a la independencia judicial y la persecución en contra de juezas, jueces y fiscales en Guatemala.
Los Magistrados dan cuenta que durante la visita escucharon de primera mano los testimonios sobre las amenazas, hostigamiento y obstáculos que enfrentan las juezas y los jueces, así como otros operadores de justicia; conocieron la causa de dichas amenazas, los actores que están detrás de ellas y la limitada actuación del Estado frente a esta situación.
Reportan en el informe que sostuvieron reuniones con magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), jueces y juezas de los tribunales de Mayor Riesgo, representantes de asociaciones de jueces y juezas, fiscales y exfiscales del Ministerio Público, el Comisionado Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), diputados del Congreso de la República, funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Guatemala y representantes de la sociedad civil.
La delegación sostiene que “pudo constatar que existe un ataque sistemático en contra de jueces, juezas, fiscales y exfuncionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que conocieron casos de gran corrupción y violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el Conflicto Armado Interno. Es preocupante que se esté utilizando de manera indebida el derecho penal para criminalizar a los administradores y operadores de justicia como represalia por el trabajo que realizaron de manera independiente. Particularmente nos preocupa la situación de la jueza Yassmin Barrios y los jueces Miguel Ángel Gálvez y Carlos Ruano, así como los constantes ataques en contra de los miembros de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) que defienden la independencia judicial”.
Los miembros de la delegación consideran que “actualmente en Guatemala no existen garantías mínimas para el ejercicio de la función jurisdiccional de manera independiente, lo cual puede generar más impunidad e inestabilidad en el país. Es importante recordar que el poder judicial tiene la responsabilidad de aplicar justicia de manera imparcial y limitar los excesos de los poderes públicos o fácticos”.
En cuanto a la vulneración de la independencia judicial, la delegación identificó tres líneas de acción: a) criminalización y uso indebido del Derecho penal, como represalia en contra de funcionarios y operadores de justicia por sus resoluciones y su labor fiscal. En la mayoría de los casos de criminalización identificaron patrones similares: i) presentación de denuncias falsas y maliciosas; ii) instrumentalización del antejuicio; iii) detención arbitraria y abuso de la prisión preventiva.
b) Actos de hostigamiento y amenazas contra funcionarios y operadores de justicia, incluyendo amenazas de muerte, atentados, vigilancia y seguimiento, así como filtración de información reservada de las investigaciones o procesos.
c) Campañas de desprestigio y ataques en las redes sociales a operadores de justicia.
En el informe se identifican a los actores desestabilizadores del sistema de justicia, señalando a los agentes internos, como a los externos, entre los que destacan empresarios venales, la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), Liga Pro-Patria, Guatemala Inmortal y Fundación contra el Terrorismo. Ésta última, sostienen, “con sus acciones no solamente busca obstruir la justicia, sino utilizar de manera perversa el derecho penal para criminalizar a fiscales, juezas y jueces independientes”.
En cuanto a la respuesta del Estado, la delegación pudo constatar tres grandes falencias: pérdida de garantías para el ejercicio de la función jurisdiccional; incumplimiento de medidas internacionales de protección; y falta de investigación por parte del Ministerio Público.
El Informe de la visita de verificación concluye con una serie de recomendaciones, entre las que destacan: “Al pueblo de Guatemala: que tome consciencia de la grave situación que enfrenta el sistema de justicia, y que respalde a las juezas y los jueces imparciales e independientes.
A la Corte Suprema de Justicia: que cumpla con el deber de defender la independencia judicial externa e interna, y que respalde de manera institucional a las juezas y los jueces, garantizándoles su permanencia en el cargo y adoptando medidas para que puedan ejercer la función jurisdiccional libres de presiones, amenazas y ataques.
A las juezas y jueces guatemaltecos: que continúen trabajando para fortalecer el asociacionismo judicial como una herramienta para la defensa y la protección de la independencia judicial.
Al Ministerio Público: que cese la persecución y criminalización en contra de jueces, juezas y fiscales, y que actúe de oficio en contra de los responsables de los ataques contra funcionarios y operadores de justicia. El Ministerio Público debe investigar la participación de miembros de la Fundación contra el Terrorismo y de otras organizaciones similares en los ataques contra administradores y operadores de justicia.
Al Congreso de la República: que elija lo antes posible a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Corte de Apelaciones, ya que el proceso se ha retrasado por más de tres años y está provocando graves daños al sistema de justicia.
Instamos a los tres poderes del Estado a garantizar la independencia del poder judicial, y cumplir de manera efectiva con las medidas de protección ordenadas por la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Finalmente hacemos un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos y a la comunidad internacional para velar por que Guatemala cumpla con sus obligaciones internacionales, los principios democráticos y el respeto a la independencia judicial”.
