Víctor Ferrigno F.
Gracias, mil gracias, honorable Juez Miguel Ángel Gálvez, por haber develado cómo el ejército de Guatemala se organizó junto a la policía nacional, hace 40 años, para realizar los hechos atroces registrados en el Diario Militar, contra las y los ciudadanos que eran calificados como enemigos del Estado. Fue muy ilustrativo cuando usted leyó un documento desclasificado en el que se informaba que, para no dejar pruebas de las torturas y asesinatos, lanzaban los cadáveres al mar desde aviones del ejército, “Algunos aún iban vivos”, se consigna en el documento.
De no ser por algunos sobrevivientes, por la incansable lucha de los familiares de las víctimas, y por el descubrimiento del Diario Militar y el Archivo Histórico de la Policía Nacional, estos hechos continuarían ocultos, cobijando con el manto de la impunidad a los militares y policías que ahora deberán enfrentar juicio.
Fue acertada la decisión del Juez Gálvez de enviar a juicio a estos criminales, con estricto apego al debido proceso, dándole a los sindicados todas las garantías para que haya verdad, justicia, reparación digna y garantías de no repetición. ¡Qué paradoja! Un Juez probo, garantizándole el derecho de defensa a los cobardes militares y policías que violaron niñas, torturaron a hombres y mujeres, los asesinaron y se niegan a confesar dónde ocultaron los cadáveres.
Esa es la diferencia entre una justicia democrática y garantista, y los crímenes de lesa humanidad que cometían las fuerzas armadas para afianzar el régimen de impunidad, exclusión, racismo y explotación que le ha permitido acumular fortunas a quienes hoy integran el pacto de corruptos.
Sin embargo, la crisis institucional que hoy vivimos gracias a la total cooptación de las instituciones, le permite al cabecilla de la fundaterror amenazar públicamente al Juez Gálvez, anunciando que quiere verlo preso o exiliado, como a la fiscal Laparra y a la jueza Erika Aifán. A este oscuro personaje de sainete le aseguro que todos los periodistas democráticos y la ciudadanía proba, vamos a apoyar al Juez Gálvez irrestrictamente, porque sus amenazas no nos atemorizan.
La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), y otras instancias ciudadanas ya han condenado las amenazas contra el Juez Gálvez, demandando pleno respeto a la independencia judicial, tutelada en el artículo 203 de la Constitución Política y el artículo 27 de la Ley de la Carrera Judicial.
En su comunicado, la AGJI sostuvo que “de conformidad con la ley, la Corte Suprema de Justicia debe procurar el resguardo de la función jurisdiccional y adoptar medidas para prevenir el menoscabo del ejercicio independiente de la administración de justicia. Adicionalmente, y considerando que estas amenazas se han presentado a través de medios públicos de información, hacemos un llamado al Ministerio Público para que de oficio inicie las investigaciones correspondientes al respecto”.
La represión generalizada que impusieron los gobiernos de facto se manifiesta, hoy día, en una escasa capacidad ciudadana para participar en la definición y fiscalización de la política pública, máxime si esta se refiere al tema Justicia.
La Sociedad Civil, en términos generales, considera que la aplicación de Justicia es un asunto técnico, exclusivo de abogados y jueces, no le reconoce el alto contenido político que entraña, ni comprende la íntima relación que tiene con los procesos de transformación del Estado.
Debemos promover una respuesta ciudadana proporcional al reto que se nos plantea, antes que la oligarquía venal y sus aliados criminales caven la fosa de nuestra enclenque república, secuestrando a la Justicia para sustituirla por un chapucero Estado de facto, donde las contradicciones sociales volverán a dirimirse violentamente, con su cauda de sufrimiento y sangre, y donde los que más tienen son quienes más perderán.
