Víctor Ferrigno F.
A la memoria de Humberto de León, luchador inclaudicable.
Hace 24 años, fue asesinado el obispo Juan Gerardi Conedera, dos días después de haber presentado el Informe Guatemala Nunca Más, una memoria histórica de las atrocidades cometidas durante el Conflicto Armado Interno en Guatemala, donde la impunidad de militares, políticos y empresarios fue la constante durante 36 años de enfrentamientos.
Dos décadas y media después, los poderes fácticos han revertido los escasos avances democráticos logrados después de la firma de la paz y, en un marco creciente de impunidad sin límites, han cooptado la institucionalidad estatal, para cometer toda clase de crímenes, particularmente contra el erario público, sumiendo al país en un cloaca de corrupción. La regresión es tan grande y la respuesta ciudadana tan escasa que, parodiando a Gerardi, cabe preguntarse: Guatemala ¿Otra vez?
El recuento de daños institucionales es tan largo como conocido. Una alianza criminal nombrada como el “Pacto de Corruptos”, integrada por empresarios venales, políticos deshonestos y militares genocidas, ha promovido una destrucción implacable contra la justicia, la democracia, la respuesta ciudadana y todo vestigio del Estado de Derecho. El avance destructor se ha realizado entre el miedo generado por la pandemia, y la recesión provocada por las medidas de aislamiento, que han generado más pobreza y hambre. Nunca se han registrado tantos agravios, con tanta desfachatez, con tan débil respuesta ciudadana.
El proceso de regresión conservadora fue detenido temporalmente, en 2015, con la insurrección ciudadana que defenestró a la exvicepresidenta Baldetti, y al expresidente Otto Pérez, sindicado de masacrador.
A ese empuje ciudadano contribuyó que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) develara que los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) devinieron en vastas estructuras de corrupción, que incluían a la cúpula económica del país, la que fue procesada por cometer “el pecado original de la democracia guatemalteca”, como denominó el Comisionado Iván Velázquez al financiamiento electoral ilícito.
Guardando las distancias que corresponda, Iván Velásquez ocupó el papel justiciero de monseñor Gerardi, al denunciar las causas y la dimensión de la impunidad y de su engendro, la corrupción sin castigo. Ante esto, todos los poderes fácticos unieron fuerzas para expulsar a la CICIG del país, con el beneplácito de la administración Trump, y con el apoyo del lobby sionista en Washington, a cambio de que Guatemala trasladara su embajada a Jerusalén, violando múltiples tratados internacionales. El encargado de tal ilegalidad fue el actual Canciller.
Lograda la expulsión de la CICIG, y la satanización del Comisionado Velásquez, siguió la cooptación del Tribunal Supremo Electoral, el financiamiento ilegal a los partidos políticos, y las amañadas elecciones que posibilitaron el control de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Siguiendo este tortuoso camino, coparon las Cortes, criminalizaron a jueces y fiscales probos y, el pasado viernes 22 de abril, la Corte de Constitucionalidad, mediante un fraude de ley, forzó la inclusión de Consuelo Porras en la lista de candidatos a Fiscal General, para garantizar que ningún criminal de peso va a ser investigado o procesado.
Así, se abre la posibilidad que sea reelecta una Fiscal que ha sido sindicada de corrupta y antidemocrática por los EE. UU. Además, los tribunales están dejando libres a los procesados por la CICIG, particularmente los corruptos mayores.
Confiando en que el pueblo de Guatemala habrá de reaccionar ante tanto desmán, rememoro el pensamiento de Juan Gerardi: “No puede haber paz mientras el hombre sea oprimido por el hombre, se desconozcan sus derechos y se le niegue la participación que le corresponde en el perfeccionamiento del mundo”.
