Víctor Ferrigno F.
A mi entrañable amiga, Francesca Gargallo, in memoriam.
Opacada por las atrocidades de la guerra en Ucrania, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, recién presentó su informe sobre la situación de los DD.HH. en Guatemala 2021, concluyendo que estos carecen de vigencia plena, y existen serias limitaciones para su ejercicio y goce.
El informe concluye que “Guatemala continúa enfrentando desafíos sistémicos y estructurales. En 2021, estos son particularmente relacionados con la desigualdad y discriminación, el sistema de justicia y la lucha contra la impunidad, el espacio democrático y la participación ciudadana. Este contexto impide avances significativos para asegurar el ejercicio y goce de los derechos humanos”. Más claro, imposible.
En cuanto al contexto, el informe deja constancia de nuestras terribles carencias sociales: a) antes de la pandemia de COVID-19, un 61.6% de la población vivía en pobreza multidimensional la cual se agudiza a 79.2% en los pueblos indígenas y a 69.2% en la niñez, falencia que creció 2%; b) el Índice de Gini es de 48.3, lo cual devela altos niveles de desigualdad; c) el Índice de Desigualdad de Género más reciente se situó en 0.479, lo que ubica a Guatemala en el lugar 119 de un total de 162 países; d) la participación de las mujeres en el mercado de trabajo formal es del 39.9%, en comparación con el 86.3% de los hombres.
En cuanto a la protección de personas defensoras de los derechos humanos, el informe da cuenta que OACNUDH tuvo conocimiento de más de 800 agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos, de las que ha documentado 103 casos (65 hombres, 31 mujeres y 7 organizaciones). El mayor incremento ha sido en casos de criminalización, con un aumento de más del 36% en comparación con los registrados durante el mismo período de 2020. Además, documentó el asesinato de seis defensores, dos pertenecientes al Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), uno a la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), uno al Comité de Comunidades de Desarrollo del Altiplano (CCDA), un guía espiritual y un periodista, que estaría relacionado a su labor en defensa de los derechos humanos. Estos datos evidencian que el Estado incumple con garantizarnos la vida y, además, nos criminaliza.
En relación con los Pueblos indígenas y afrodescendientes, el informe reporta que éstos siguieron enfrentando formas multidimensionales de discriminación y desigualdades económicas y sociales, exacerbadas por la pandemia. Esta situación afectó con mayor gravedad el ejercicio de derechos de las mujeres indígenas. A pesar de esta situación, continuaron impulsando iniciativas para fortalecer el ejercicio de sus derechos a la libre determinación, las prácticas culturales de conservación de sus tierras, territorios ancestrales y recursos naturales, así como la generación de medios de vida y economías para sostener a sus familias y comunidades.
Sobre el desarrollo humano sostenible, se consigna que la proporción de recursos que el Estado destina al financiamiento de los programas sociales (7.9 del PIB) sigue siendo inferior al promedio de Centroamérica (9.3).
Bachelet señala las carencias en materia de administración de justicia, lucha contra la impunidad, la independencia judicial, la reducción del espacio democrático para la ciudadanía, falta de libertad de expresión, y el abuso de “estados de excepción” como: mecanismo de respuesta a problemas de carácter estructural y social.
El informe concluye con diez recomendaciones que, seguramente, serán ignoradas por el Gobierno, como ha hecho en años anteriores.
Sin el pleno ejercicio de los DD.HH. no puede haber libertad ni justicia social, bases para una democracia participativa y multicultural, como la que el país necesita.
