A Ricardo Cajas Mejía, revolucionario inclaudicable, in memoriam.
En dos procesos diferentes, se ha probado judicialmente que en Guatemala hubo genocidio, un crimen de lesa humanidad de la mayor gravedad, ordenado por el alto mando del ejército y por la Jefatura de Estado. Ahora, en un nuevo intento, se pretende exonerar a los victimarios mediante una nueva ley de amnistía, y premiarlos económicamente por sus sanguinarios “servicios a la patria”.
Mediante una compleja conspiración política, en la que participan militares genocidas, abogados venales, diputados corruptos y magistrados vendidos, se pretende aprobar una ley de amnistía por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra, y se azuza a ex militares y ex patrulleros de auto defensa civil, para exigir una bonificación económica, mediante movilizaciones, bloqueos carreteros, toma de instituciones y secuestro de empleados y funcionarios públicos.
En 2013, a Efraín Ríos Montt lo condenó el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por Yasmín Barrios. Pero tras las presiones de la élite económica que fue cómplice del genocidio, la mayoría de la Corte de Constitucionalidad de Alejandro Maldonado, Héctor Hugo Pérez Aguilera y Roberto Molina Barreto, anuló la sentencia y obligó a repetir el juicio. Cinco años después, en 2018, con muchos peritajes y testigos, y el principal acusado muerto, el Tribunal de Mayor Riesgo B llegó a una nueva sentencia, ratificando por segunda ocasión que sí hubo genocidio.
En su sentencia, los tres jueces del Tribunal Colegiado sostuvieron que en la zona ixil el ejército acabó con aldeas completas usando las técnicas más brutales de violencia contra la población civil, persiguió y provocó la muerte por hambre de los desplazados, utilizó a las mujeres como objetos sexuales y esclavizó a los prisioneros de guerra, que eran humillados y tratados de las formas más crueles. El Estado de Guatemala, por medio del ejército, eliminó al 33 % de los mayas ixiles. De esas víctimas, el 38 % eran niños menores de 12 años, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico y la acusación del Ministerio Público.
Después de esta esperanzadora condena, a la que se sumó la de Sepur Zarco, se inició el proceso por el Genocidio Achí, y varios casos más contra mujeres mayas violadas y torturadas por militares. Ahora, el pacto de corruptos pretende amnistiar a todos los victimarios, condenados, procesados o prófugos.
El pasado 21 de septiembre, el Pleno del Congreso conoció la iniciativa de “Ley de Consolidación de la Paz y Reconciliación”, y la cursó para dictamen a dos comisiones legislativas. En seis draconianos artículos, el citado proyecto de ley da por “extinguida la responsabilidad penal por todos los delitos cometidos durante el enfrentamiento armado interno, desde sus inicios el 20 de noviembre de 1960 hasta su finalización con la firma de Acuerdo de Paz definitiva el 26 de diciembre de 1996, los cuales se considera de naturaleza política”, anula todas las sentencias firmes y procesos en curso, y ordena la inmediata liberación de condenados o procesados, aprovechando que sí puede haber retroactividad de la ley cuando ésta beneficia al reo.
Los diputados ponentes saben que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Pero en este caso, le apuestan a la artimaña que el Estado de Guatemala renuncia a la persecución penal.
La leguleyada no les funcionará, y la amnistía podrá ser anulada en la Corte Interamericana de DD.HH. pero nos saldrá cara, pues están decididos a entregar más de Q 30 mil millones a los cómplices o coautores del genocidio, que ayer hicieron su teatro, irrumpiendo en el estacionamiento del Congreso, quemaron el vehículo de un empleado, pero no se atrevieron a entrar al recinto parlamentario, pues son títeres manejados por los oficiales que buscan impunidad pura y dura. La sangre coagula, pero no se lava; por ello, los genocidas serán juzgados, vivos o muertos, y la condena les llegará al infierno.
