Sergio Penagos
A fin de cuentas, estamos dirigidos por aficionados y personas de segundo orden. Los métodos de nuestro gobierno llevarían a la quiebra a cualquier empresa particular.
John Buchan
Conscientes de la pasmosa incompetencia del actual gobierno, arropada en una galopante corrupción, con todas sus instituciones sometidas a una dictatorial cooptación, el empresariado organizado asumió un papel protagónico, no ocultos tras comunicados ni campos pagados; sino, dando la cara al presentar su estrategia de actuación, para evitar que se consume el descomunal y descarado fraude electoral que prepara el partido Vamos, con la insana intención de perpetuar el latrocinio, la desfachatez y la incompetencia administrativa del actual gobierno. Eso es lo que visualizaron los empresarios y formularon una estrategia para contrarrestar el riesgo de perder la competitividad, por la alteración del orden público. Por su experiencia política vislumbran un fuerte descontento popular que puede desembocar en acciones violentas, un autogolpe de estado o una ilegal prolongación del mandato presidencial, lo que agravaría la posición competitiva del país.
La competitividad es el fin primordial de la acción empresarial al garantizar que, a la larga, sólo sobreviven las empresas competitivas. En el mundo actual la competitividad es el verdadero poder, fuera del gobierno, que proporciona una libertad relativa para la acción empresarial.
El CACIF, en un comunicado difundido el pasado martes 8 de noviembre, reiteró sus preocupaciones y sugerencias al TSE por las elecciones generales del 2023. En el documento explican que, con el afán de que los comicios se lleven a cabo con transparencia, confiabilidad y amplia participación ciudadana, enviaron el 24 de octubre una carta a los magistrados del TSE en la que se les solicitó explicaciones, acerca de la contratación de la nueva tecnología con el sistema biométrico, enfatizando que hay muy poco tiempo para implementarlo antes de los comicios de 2023. Por eso, presentaron ante la Corte de Constitucionalidad, una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), señalando las deficiencias de la llamada campaña anticipada, al considerarla subjetiva por su inadecuada definición. Así mismo, el sector empresarial reconoce que hay una gran cantidad de denuncias en cuanto a esta problemática, cuando se está vedando la libertad a los políticos, al evitar que puedan presentar sus planes y propuestas a la ciudadanía. Argumentan que se han presentado denuncias por las acciones de descalificaciones de posibles candidatos, acusados de campaña anticipada con una orientación inequívoca hacia los políticos considerados opositores al partido oficial.
El CACIF ha identificado incisos y frases de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), los que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) podría manipular, para excluir a determinados candidatos de la contienda electoral. Entre los artículos impugnados de la LEPP está el 94 bis, “no será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual a cargos de elección popular publicitando su imagen, en los diferentes medios de comunicación social, antes de la convocatoria oficial de elecciones”. El sector empresarial considera que el texto se puede prestar a descaradas arbitrariedades en su aplicación, por eso han accionado contra este artículo.
El segundo punto que impugnaron es la contratación centralizada de medios de publicidad, considerando que limita la libre difusión del pensamiento y la cobertura de eventos electorales, obstruyendo los planes de los políticos al evitar la transmisión de sus ideas a la audiencia, y dificultando que los planes de los políticos se conozcan, dando la oportunidad a la ciudadanía para participar con toda la información posible.
La tercera impugnación es a la limitación de la venta y cobertura, por parte de los medios publicitarios, de las declaraciones, información y participación política de los candidatos; así como, la venta a precios regulados que impone el TSE, interfiriendo en la libertad empresarial de los medios publicitarios, dificultando la cobertura de los temas políticos en Guatemala al afirmar que: “con la pauta electoral, consideramos que continúan existiendo serios problemas en el actual modelo de propaganda contratada por el TSE, prueba de ello es que este año fue necesario ampliar por dos meses más el plazo, para que los medios de comunicación solicitaran su inscripción como anunciantes. Por ello también se ha accionado contra las normas que limitan la contratación de pauta para dar a conocer las propuestas de los políticos. Es necesario que se lleven a cabo unos comicios que cumplan con los estándares de transparencia, participación y legitimidad, como lo hemos manifestado en diversas oportunidades“.
Sobre la adquisición del sistema de transmisión de datos, recomiendan que se debe realizar un proceso de compra abierto, con suficiente tiempo y eliminando de sus bases o condiciones, las subjetividades que impidan la participación de oferentes calificados. También recomiendan que la eficiencia del procedimiento actual para digitalizar las actas en los centros de votación, la adecuada y transparente custodia del voto por los ciudadanos, no debe ser cambiada por su histórico y eficiente desempeño.
