Sergio Penagos Dardón

Ingeniero Químico USAC, docente, investigador y asesor pedagógico en el nivel universitario. Estudios de posgrado en Diseño y Evaluación de Proyectos y Educación con Orientación en Medio Ambiente; en la USAC. Liderazgo y Gestión Pública en la Escuela de Gobierno.

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Sergio Penagos

“La indiferencia es apatía, parasitismo y cobardía. Ella opera con fuerza en la historia, pasivamente, pero opera”.

Antonio Gramsci

Más allá de la culpabilidad directa e inmediata de las instituciones gubernamentales y sus fuerzas represivas que circulan en automóviles sin placa de circulación, una prensa servil, una corrupción generalizada encabezada por un Presidente incapaz, nos guste o no, somos cómplices de este engranaje asesino, clasista, racista y ladrón, que cada día mata decenas de personas humildes y gubernamentalmente excluidas al negarles el acceso a las vacunas. Desde el inicio de la pandemia se evidenció la criminal indiferencia del Presidente, sus ministros y los diputados; secundados por las cortes cooptadas, la Contraloría y un vigilante Ministerio Público, que no han sido capaces de entender y aplicar el Artículo 1 de la Constitución. “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común”.

El Decreto 1-2021 Ley para el Financiamiento y Adquisición de Vacunas contra el Coronavirus COVID-19 fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso de la República, aprobado en un solo debate entró en vigencia el 24 de enero de 2021. El primer considerando de este decreto es lapidario e inequívoco. Que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común, garantizando que todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos; y que siendo el goce de la salud un derecho fundamental del ser humano, es obligación del Estado desarrollar acciones de prevención, promoción y recuperación, a fin de procurar el bienestar físico, mental y social de toda la población. En consecuencia, con base en dichos valores fundamentales, el Estado debe velar por el desarrollo de acciones relacionadas con la salud y llevar a cabo intervenciones para garantizar la viabilidad presupuestaria y financiera para los programas estratégicos que lIevará a cabo para contribuir a las condiciones de vida de la población y dar cumplimiento al mandato constitucional.

Pasaron los meses y, coincidentemente el jueves, 24 de junio de 2021, el Congreso de la República recibió del Ejecutivo una iniciativa de ley que exime de toda responsabilidad a las farmacéuticas, con relación a los efectos secundarios provocados por las vacunas contra el Covid-19, requisito indispensable para que Guatemala pueda comprar o bien recibir en calidad de donación las vacunas. Se trata de la iniciativa que aprueba la Ley de exención de responsabilidad y de creación del mecanismo de compensación por el uso de vacunas contra el Covid-19. “La iniciativa responde a que los distintos fabricantes de vacunas imponen una serie de requisitos para concretar la venta de estas; además, solicitan que se les exima de responsabilidad civil por reacciones adversas serias atribuibles a las vacunas contra el Covid-19”, informó el Ejecutivo, a través de su portal oficial.

La iniciativa de ley justifica que la excepción de responsabilidades es necesaria para la adquisición de vacunas contra el Covid-19, como está establecido en el Decreto 1-2021 del Congreso de la República, Ley para el Financiamiento y Adquisición de Vacunas contra el Coronavirus COVID-19. Las autoridades de Salud destacan que no se han detectado efectos secundarios graves o fuera de lo normal entre las personas vacunadas. Además, esta iniciativa plantea la designación de una autoridad o dependencia pública encargada de analizar, investigar y dictaminar la naturaleza de las posibles reacciones; así? como establecer un régimen de compensación por las consecuencias que se observen en las personas vacunadas, responsabilizando al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de la implementación de todas las acciones contempladas en esta iniciativa de ley.

La Comisión Permanente del Congreso de la República no entró a conocer esta iniciativa de ley cuando fue recibida porque: ¡Había feriado! Hasta después del prolongado asueto se convocó a una sesión extraordinaria, la cuarta de este período, para el martes 29 de junio a las 14:00 horas. La convocatoria era para conocer de urgencia nacional la iniciativa de ley que presentó el Organismo Ejecutivo. Este proyecto de ley consta de 13 artículos, lo que provocará absurdos y mediocres debates que prolongarán la espera de las donaciones o fraudulentas compras. En esa reunión parlamentaria, con seguridad se escucharán sesudas frases como estas: de Allan Rodríguez “la salud de los guatemaltecos no es un tema que no debemos tomar a la ligera”. Del brillante canciller: “El gobierno de Guatemala reconoce que nadie estará totalmente a salvo hasta que todos estén a salvo”. ¡Viva la ignorancia, muera la inteligencia!

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