El próximo 5 de junio inicia el debate Oral y Público por el caso de criminalización de la defensora kaqchikel Nanci Sinto, luego de que el 28 de marzo la jueza Sonia Martínez la enviara a juicio por el delito de depredación de bienes culturales, a pesar de que en junio de 2022 la jueza Wendy Coloma Alburez dictara falta de mérito a su favor al demostrarse su inocencia, ya que no existieron fundamentos para abrir un juicio en su contra y se comprobara la deficiencia en la investigación realizada por el Ministerio Público.
Esto surge después de que la decisión de la jueza Coloma Alburez fuera apelada por el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación y el Congreso de la República, la cual fue resuelta con lugar por parte de la Sala Tercera del Ramo Penal contra la narcoactividad y delitos contra el medio ambiente y con ello se decretara la apertura a juicio en su contra, así como también el restablecimiento del arresto domiciliario como medida sustitutiva que le fuera dictada el 24 de noviembre de 2021, cuando fue detenida y ligada a proceso penal.
A pesar de constatarse que la pinta, por la cual se insiste en judicializar su caso, fue removida con jabón y agua, sin causar ningún tipo de daño a la pared o estructura del edificio del Congreso de la República, pues, ésta fue reversible, hemos visto como el sistema de justica se ha empecinado en perseguirla, haciendo más que evidente que la intención del Estado colonial racista y patriarcal es criminalizarla e intervenir en su accionar político, para amedrentarla por su agencia como mujer kaqchikel joven, que acciona y tiene una posición política frente a la realidad caótica de este país desigual sumido en corrupción.
En nombre de la identidad nacional y en defensa de un edificio que representa el trabajo forzado, la dictadura, la corrupción, el saqueo, el racismo para los pueblos originarios, se busca enviar a prisión a quien denuncia y se moviliza frente a las violencias del Estado colonial, utilizando las leyes para aplicar una especie de “castigo ejemplar”, con el objetivo de infundir miedo en la sociedad para provocar que ésta evite manifestarse contra el statu quo.
Este juicio, que está a punto de iniciar, además de ser innecesario e injusto, devela que existe el propósito de agilizar su desarrollo en este contexto electoral, para evitar que la población se movilice frente a cualquier situación que pueda surgir en las próximas semanas, como efecto del fraude electoral, que se ha venido gestado para favorecer a la política tradicional podrida que tanto daño nos ha provocado.
Es importante señalar que este caso se ha venido desarrollando en medio de una gran cantidad de irregularidades y vulneraciones a la integridad de la defensora Nanci Sinto, quien junto a su defensa en más de una ocasión han denunciado las múltiples formas en que se ha buscado obstaculizar su derecho a defenderse.
Una pinta no vale la libertad de quien exige sus derechos.
