El pueblo q’eqchi’ de El Estor, Izabal, vive asediado por el extractivismo; desalojos, represión, violencia, criminalización, despojos, les son impuestos día a día para arrebatarles la tierra y con ello seguir explotándola, hasta destruir todo a su alrededor. El papel del Estado colonial ha sido fundamental en esto, ya que destina recursos y usa la institucionalidad para proteger a las empresas extractivas, para que estas sigan operando en total impunidad. Las empresas compran a los funcionarios con dinero manchado con la sangre de decenas personas, que han sido vilmente atacadas por defender la tierra y el territorio.
Los desalojos son una expresión del genocidio, porque al quitar la tierra a los pueblos se les condena al desplazamiento, hambre y empobrecimiento; se busca anular su ser social y político para continuar exterminándolos y con ello seguir apropiándose de su cultura, patrimonio y autonomía. El gobierno no solo es cómplice, sino que cumple con la función de hacer el trabajo sucio, para que las grandes corporaciones y compañías saqueen el territorio sin parar.
El martes pasado la comunidad q’eqchi’ Chapín Abajo, en El Estor, Izabal, amaneció cercada por policías que ingresaron con violencia a la comunidad, con la intención de realizar allanamientos y capturas en contra de la población que ha defendido su territorio de la invasión de la empresa productora de aceite de palma NaturAceites, que ha tenido participación directa en los intentos de desalojo desplegando grupos paramilitares que acompañan a la policía para reprimir y agredir a la población.
Los policías antimotines dispararon en contra de mujeres, ancianos, niñas, niños y el resultado de esta violencia fue un adolescente de 16 años gravemente herido de bala, mujeres, niñas y niños capturados, decenas de personas heridas e intoxicadas por los gases lacrimógenos. La policía funge como un aparato de represión para controlar a los pueblos e impedir con violencia que estos se movilicen u organicen para defender su territorio. Esta violencia es alimentada por la injusticia e impunidad que imperan en el sistema de justicia, lo cual acrecienta el poder que la policía ejerce sobre la población, incentivando con ello la violación de derechos humanos, ya que son actos que no tienen consecuencias legales.
Esta violencia sistemática tiene como objetivo seguir desposeyendo a los pueblos de la tierra que históricamente les pertenece y que les han sido arrebatadas más de una vez con fines de enriquecimiento, con esto se asegura la dependencia de las comunidades, que no podrán contar con derechos básicos como la alimentación y la vivienda, algo que impactará a distintas generaciones.
Estamos frente a una violencia que no cesa. El 4 de diciembre fue asesinado el defensor Tereso Cárcamo Flores quien era integrante del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), organización que de 2018 a la fecha han asesinado a 25 de sus miembros. El compañero Tereso era originario de Jalapa, un departamento en el que se han llegado a aprobar hasta más de 15 licencias mineras.
El extractivismo es un modelo que responde a un pensamiento hegemónico de extermino.
