Sandra Xinico Batz
El Estado racista y colonial no da tregua. Cada día surgen más motivos para indignarse ante tanta injusticia, corrupción, violencia y despojo provocados por un modelo político y económico basado en el saqueo, el robo descarado, la explotación, el enriquecimiento ilícito, el engaño, cuyo objetivo es mantenernos empobrecidas y empobrecidos para asegurar que el poder se mantenga de su lado, en sus manos, para no perder el control de este país desigual.
¿Puede imaginarse que se siente que le arrebaten la tierra que ha habitado por generaciones, que es además el sustento y el patrimonio de su familia, el cual le brinda seguridad, techo y alimentación? Esta situación la viven decenas de familias que fueron y siguen siendo desalojadas en diferentes partes del país, como resultado del saqueo histórico que no cesa contra los pueblos originarios, que siendo los legítimos dueños de estas tierras son desplazados forzadamente y no bastándoles con quitarles la tierra, durante los desalojos se destruyen intencionalmente las pertenencias de las familias, que tanto esfuerzo y trabajo les han requerido.
Se queman con saña las pocas pertenencias que las familias poseen y son dejadas al intemperie, sin casa, sin alimentos, sin ropa, con todo el impacto emocional y físico que provoca ver como fueron quemadas sus viviendas y vivir la violencia con que se ejecutan estos actos inhumanos para proteger los intereses del Estado colonial y de los finqueros, terratenientes, narcotraficantes que han adquirido una enorme cantidad de tierra a partir del robo que se ha venido perpetrando contra los pueblos desde hace 500 años.
Al Estado colonial no le importa la vida de los pueblos, así como tampoco le interesa resolver nuestras necesidades. Ancianas, ancianos, mujeres embarazadas, niñas y niños quienes deberían ser protegidos por el Estado son agredidas y agredidos, dejados en la nada y sin nada para sobrevivir. Si seguimos pensando que esto no es racismo ni genocidio, es porque no queremos o nos negamos a ver la verdadera realidad de este país que duele.
Hace unos días, 58 familias q’eqchi’ de la comunidad Nuevo Chicoyuo ubicada en la finca San Luis, fueron desalojadas por un grupo de más de mil agentes de la Policía Nacional Civil a petición del Ejército de Guatemala, que reclama como suya dicha propiedad; el gobierno de Guatemala asegura que dichas tierras le pertenecen al Ministerio de la Defensa y que en este lugar se fabrican municiones para el Ejército. El juez de paz a cargo de ejecutar el desalojo dio 45 minutos a las familias para que abandonaran el lugar amenazando a las personas con utilizar violencia si insistían en permanecer en la finca. La Procuraduría de Derechos Humanos se negó a presentar un recurso de exhibición personal para que se diera cumplimiento de los protocolos internacionales de derechos humanos (información de Prensa Comunitaria).
¿Para qué necesita la tierra el narco-Ejército de Guatemala? La tierra debe ser de quien la trabaja y la necesita para vivir. Nada bueno han obtenido los pueblos del Ejército genocida que persiste como parásito.
