Sandra Xinico Batz
¿Son las ideas construidas alrededor del concepto de “identidad nacional” un mecanismo de control que se ejerce desde narrativas ficcionadas sobre democracia y ciudadanía? Sí, porque hay grupos sociales a los cuales la hegemonía ha impuesto un lugar de subordinación y servidumbre, a estos no solo no se les permite acceso a las garantías que se supone implican ser parte de una nación democrática, sino que al ser exigidas o reclamadas por estos grupos empobrecidos, la violencia será el instrumento principal al que se recurrirá para castigarlos, para “regresarlos” al lugar que les corresponde, para esto se usarán las leyes y las instituciones del Estado; la criminalización es un instrumento para inmovilizar, es caracterizar como criminales a quienes defienden sus derechos y los exigen, es un circuito de violencia que se ejerce con fines específicos de neutralización forzada.
Las leyes y los procesos son efectivos cuando se trata de criminalizar y se aplican en forma de “castigo ejemplar” cuando a quienes se criminalizará son pueblos originarios, con intensidades diferenciadas cuando además de ser “indígena” se es mujer. 500 años después, las personas nativas que resisten y defienden su agencia política siguen siendo vistas como enemigas, porque el papel de los indígenas es obedecer, esto puede leerse chocante, pero es real, que estas ideas racistas son las que determinan el tipo de nación que es Guatemala.
Cotidianamente el patrimonio milenario de los pueblos originarios es depredado por alguna empresa extractiva, por finqueros, grandes empresarios y/o narcotraficantes, piezas de todo tipo continúan siendo subastadas en el extranjero como parte del hurto, robo y tráfico histórico de nuestros bienes culturales; el Estado no solo se mantiene expectante sino en la mayoría de los casos es cómplice o partícipe. A estos que descaradamente transgreden y compran las leyes jamás los alcanzará la justicia porque el Estado racista colonial solo protege lo que le conviene, principalmente si se trata de protegerlo de la gente rica y poderosa, que son quienes controlan el Estado y su institucionalidad. Del patrimonio maya únicamente es de su interés lo que folklóricamente puede ser explotado a través del turismo.
Cuando se trata de símbolos que evocan al “establishment” además de que se activa toda la institucionalidad para protegerlos, se recurre a la criminalización como una forma de escarmiento público que se esparce mediáticamente para infundir miedo, algo que es determinante en un país genocida y femicida. Dos ejemplos concretos: 12 de octubre de 2021, el alcalde Ricardo Quiñónez se presenta a la Plaza de la Constitución para que fuera detenido Rudy Amílcar López Pablo, un joven mam a quien acusó de ser el responsable de dañar la estatua de José María Reina Barrios, por esta acusación Rudy Amílcar fue ligado a proceso penal por el delito de depredación de bienes culturales. 24 de noviembre de 2021, tras haber sido allanada su vivienda, la joven kaqchikel Nanci Chiriz Sinto fue detenida y ligada a proceso penal bajo la acusación de depredación de bienes culturales por supuestos daños al edificio del Congreso.
(Continuará)
