Sandra Xinico Batz
Juana Alonzo Santizo es una mujer chuj de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, que en agosto de 2014 dejó su comunidad para migrar a Estados Unidos, en búsqueda de mejores condiciones de vida para ella y su familia, debido al empobrecimiento que enfrenta la mayoría de población guatemalteca.
Cerca de la frontera con Estados Unidos, Juanita fue puesta en una casa de “resguardo” junto con otras dos mujeres, por el “coyote” que dirigía el trayecto, en este lugar las tres mujeres fueron forzadas a trabajar, un día una de ellas pudo denunciar la situación que estaban viviendo y es así como la policía llega al lugar y Juana es detenida tras las acusaciones de las otras dos mujeres quienes la señalaron de ser cómplice de quienes las habían mantenido secuestradas. Juanita no pudo comprender en ese momento lo que estaba pasado ya que no hablaba español.
Durante su detención Juanita no tuvo acceso a un intérprete del idioma chuj, a pesar de que las autoridades mexicanas sabían que ella no hablaba español fue interrogada en este idioma y ella no pudo contestar ni explicar su situación; los oficiales la amenazaron apuntándola con armas de fuego y la golpearon, obligándola (prácticamente) a firmar una declaración auto incriminatoria.
En todo este proceso, Juana nunca tuvo acompañamiento de un abogado ni de un intérprete, fue hasta cuatro años después de su detención y encarcelamiento que comprendió los cargos de los que se le estaba acusando, ya que estando en prisión aprendió un poco de español, lo cual le permitió denunciar los vejámenes a los cuales ha sido sometida y avisar a su familia de su encarcelamiento injusto.
Juana ha estado en prisión más de siete años y su caso pone en evidencia (una vez más) el trato inhumano y degradante que se da a las personas racializadas, principalmente cuando se trata de mujeres empobrecidas, que se ven obligadas a migrar porque en sus países han sido excluidas precisamente por ser mujeres indígenas. A Juana se le han violado múltiples derechos por ser una mujer de pueblos originarios, su encarcelamiento a demás de ser injusto, refleja el desprecio que prevalece en contra de la dignidad de las mujeres indígenas, como efecto del racismo estructural que es potenciado por la misoginia y el patriarcado enraizados en países como Guatemala y México.
La familia y la comunidad de donde procede Juana son quienes están denunciado su encarcelamiento injusto en una prisión de Reynosa, Estado de Tamaulipas, México; han estado recolectando firmas y movilizándose a la Embajada de México en Guatemala, para exigir su liberación, teniéndose que enfrentar al racismo que predomina en las instituciones y la indiferencia de las autoridades tanto de Guatemala como México, así como también asumir los costos económicos que generan de estos trámites y gestiones.
El caso de Juana es uno de los múltiples casos de violencia, discriminación e injusticia que día a día viven las personas que se han visto obligadas a desplazarse y dejar sus territorios para migrar a Estados Unidos.
