Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.gt
@ppmp82
En un país carente de propuestas y en el que mucha gente está cómoda porque más nos tiramos los platos que buscar las maneras de salir adelante, no sentó bien en los “fans” de regresar al pasado con garantías de pleno control la propuesta que hizo la Universidad Da Vinci en la comisión de postulación buscando tener los mejores elementos para determinar si un candidato era idóneo o no para el cargo de Fiscal General.
Recién anunciada la propuesta empezaron a salir los alfiles de aquellos que negociaron impunidad con el Congreso y con Consuelo Porras a decir que exigir más información de los candidatos a Fiscal General no era necesario o legal.
La propuesta, que la viví de cerca, recogía estándares de Estados de Derecho que funcionan y no buscaba condenar a nadie ni invadir privacidad, sino simplemente contar con los elementos necesarios para saber si alguien es idóneo o no para el cargo.
Quien defiende a narcotraficantes o su patrimonio no es acorde a sus ingresos, no es culpable hasta ser oído y vencido en un juicio, pero no es idóneo para ejercer la acción penal de todo un país desde el Ministerio Público (MP).
Desde luego que poca gente quiere pasar por un escrutinio público, pero aquí y en la cochinchina, quien quiere optar a un cargo de esa naturaleza debe saber que la rendición de cuentas es distinta a aquel que decide ser un ciudadano “privado”.
Querer conocer las fuentes de ingreso de alguien busca determinar que tiene la idoneidad adecuada porque sus finanzas no se nutren de actos al margen de la ley o que riñen con la ética.
La sorpresa para muchos fue enorme porque la propuesta se hacía con transparencia y desde la legalidad, buscando tener un proceso integral en la evaluación de candidatos para ya no solo decir “no tengo elementos para dudar de la honorabilidad de la persona”, sino pasar a “no dudo de la honorabilidad del candidato, pero es o no idóneo para el cargo de Fiscal por X, Y o Z”.
Una propuesta de esa naturaleza no iba a sentar bien en quienes han visto las comisiones paralelas como algo normal. Aquel al que en su casa le enseñaron que lo que hacía el Rey del Tenis para operar las comisiones paralelas era un acto de valentía y le legaron ese cariño por lo que no se debe, brinca cuando algo amenaza la forma en la que han funcionado las cosas.
De ahí que se centraron en el tema de la maestría de David Gaitán. Punto discutible sin duda pero no un delito y es que hay que entender que así como algunos ciudadanos se sintieron atacados por la propuesta, Porras sintió que si la metodología se aplicaba ella no iba a tener Consuelo. Ella ha dado la milla extra y pensó que algo que se propuso para evaluar a todos los candidatos (no solo a ella) la ponía en desventaja.
Por eso es que en tiempo récord tramitó una denuncia de Méndez Ruíz y de no haber renunciado, los fiscales habrían ido a traer a Gaitán del buche a media comisión el día jueves y una acción de esa naturaleza para asegurar que la metodología no se discutiera en la comisión es una medida digna de países como Nicaragua.
El jueves dijeron que la metodología no sería conocida porque no había nadie de la Da Vinci para aclarar dudas y Porras sintió Consuelo. Nadie en la comisión se opuso a tal decisión.
Los mecanismos para evaluar candidatos no son solo para la actual Fiscal General, pero es natural que si ella anda en un esfuerzo para no ser desechada por Alejandro Giammattei como hicieron con Allan Rodríguez, sienta que cualquier cosa es solo para afectarla a ella.
Nunca se quiso contar con una herramienta para evaluar candidatos de manera correcta con el afán de poder determinar de mejor forma la idoneidad de los mismos y como ocurre en nuestra querida Guatemala, hicieron lo necesario para esconder el fondo.
Le están sirviendo la mesa a Giammattei para sembrar impunidad y cuando quieran reaccionar, será demasiado tarde. Justo como pasó en Nicaragua.
