Sandra Xinico Batz
La lucha por la justicia de las mujeres achi’ es un ejemplo de resistencia y perseverancia, porque el sistema de justicia guatemalteco ha insistido en obstaculizar este proceso, para privilegiar a quienes por un lapso de cinco años (1981-1985) abusaron, violaron reiteradamente, torturaron, asesinaron y violentaron de múltiples formas a mujeres achi’ de Rabinal, Baja Verapaz, quienes fueron sometidas a violencia sexual por parte de militares y patrulleros de autodefensa civil durante el Conflicto Armado Interno, como parte de un mecanismo implementado por el Estado para controlar a las poblaciones originarias, en contra de las cuales se ensañó en nombre del combate de la contrainsurgencia.
La violencia sexual contra mujeres mayas durante el Conflicto Armado Interno fue un acto deliberado, con esta violencia se buscaba dominar a los pueblos originarios a través de la humillación y degradación del cuerpo de las mujeres, para resquebrajar el tejido social de las comunidades, romper con sus formas de organización, deshacer su identidad, exterminar a quienes consideraban eran “propensos” a inclinarse a la subversión y con toda esta violencia evitar que estos pueblos sigan reproduciéndose; por esto, la violencia sexual está completamente vinculada con el genocidio, porque tiene la intención de evitar que un pueblo siga existiendo a través de sus descendientes.
El 05 de enero dio inicio el juicio oral y público contra cinco ex patrulleros de autodefensa civil, acusados de delitos de lesa humanidad, por la violencia y esclavitud sexual ejercida en contra de 36 mujeres achi’, quienes desde el 2011 han emprendido una lucha en búsqueda de justicia, por todas las atrocidades a las cuales fueron subyugadas por años y que impactaron todos los ámbitos de sus vidas, cuyas secuelas sufren hasta hoy, principalmente porque sus condiciones de vida no mejoraron y no ha habido reparación alguna por todo lo que esta violencia les acarreó: exclusión, desplazamiento forzado, degradación de su salud física y mental, persecución, hostigamiento, pérdida de familiares, abortos forzados, entre otros.
Las 36 sobrevivientes han tenido que enfrentarse al desgaste provocado por el sistema de justicia racista, que en reiteradas ocasiones ha intentado desestimar sus testimonios, en 2019 la jueza Claudette Domínguez resolvió a favor de los ex patrulleros acusados, dejándoles en libertad, argumentando que no se podía acreditar la temporalidad de su participación, a pesar de que estos fueron reconocidos e identificados por las sobrevivientes, dejando así a un lado las declaraciones de las mujeres achi’; ese mismo año la jueza Domínguez fue separada del caso por existir duda sobre su imparcialidad, es así como en su lugar se nombró al juez Miguel Ángel Gálvez, quien en marzo de 2021 decidió enviar el caso a juicio.
El caso de las mujeres achi’ es emblemático, porque pone en el centro la palabra de las mujeres, sus testimonios son el reflejo de lo que cientos de mujeres mayas vivieron durante el Conflicto Armado Interno y de la continuidad de la violencia sexual como instrumento del genocidio impuesto desde hace quinientos años. La justicia para ellas será justicia para todas.
