Los candados que condicionan el accionar del próximo gobierno del Movimiento Semilla al congreso que será presidido por diputados de los partidos Vamos y UNE, así como la reducción presupuestaria al Ministerio de Salud y al MAGA; son razones que justifican la no aprobación del dictamen que aprobó la Comisión de Finanzas del Congreso, integrada por 21 diputados de diferentes bancadas, ligadas al oficialismo. Esa comisión analiza el proyecto oficial de presupuesto 2024, que asciende a unos Q124,800 millones.
Esa comisión no atendió las recomendaciones presentadas por diversos sectores cuyo objetivo es la construcción de un instrumento orientado al desarrollo integral, que contribuya al bienestar, con transparencia y controles anticorrupción.
Ese dictamen reduce Q377.50 millones; al techo presupuestario del Ministerio de Salud para dejarlo en Q12,551.70 millones; esa reducción de recursos debilitará los programas dirigidos a la prevención de enfermedades, fomento a la salud, salud integral de las mujeres, salud integral de la niñez, así como infraestructura en salud. En el caso específico del MSPAS, es justa la asignación de Q70 millones para financiar el aporte de Q3,000 anuales como apoyo a las comadronas.
La reducción de Q104.30 millones al presupuesto del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, para fijarlo en Q1,571.70 millones, incidirá en el gasto social necesario para atender las necesidades de la población vulnerable y del área rural, impedirá fortalecer los programas y actividades dirigidas a la producción de alimentos, resguardo y apoyo a los sistemas de agua para la producción y el acceso a tierra.
Estos recortes contrastan con los aumentos de Q200 millones para la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC; Q370 millones para el Ministerio Público, MP; y Q400 millones para el Organismo Judicial, OJ; que son instituciones percibidas como aliadas del oficialismo.
Entidades como el ICEFI, el Instituto por la Democracia, ID, y otras, consideran que la principal debilidad del proyecto de presupuesto 2024, -dictaminada por la comisión de Finanzas-, “no constituye un instrumento de política fiscal efectivo para procurar el desarrollo integral e inclusivo, sin orientación de alcanzar el bienestar social”.
Actualmente la pobreza extrema afecta a más de 7.1 millones de campesinos e indígenas en el área rural, que claman por asistencia del gobierno y del estado a fin de disminuir los índices de mortalidad materna, hambre y abandono al que son sometidos por décadas.
Por estos y otros aspectos técnicos ignorados, como el de no corregir la proyección de ingresos tributarios para el 2024, constituye un error de cálculo que arroja más de Q1,700 millones menos, por lo cual los diputados de la actual legislatura deben reflexionar para corregirlo a fin de beneficiar a la población vulnerable y del área rural.
