La suspensión de clases de todos los niveles, en todo el país, provoca pérdida de tiempo valioso en los establecimientos del Ministerio de Educación. No me opongo a que el gremio de profesores reclame sus derechos laborales, sin embargo, una prolongada suspensión de actividades afecta a más de dos millones de estudiantes matriculados en el 2023, en el sector oficial.
El paro fue declarado por el sindicato de Joviel Acevedo, luego de que los maestros rechazaran la iniciativa de ley 5563, que busca aumentar las pensiones de los jubilados del Estado.
Es lamentable observar como los estudiantes permanecen en sus hogares, sin que reciban tareas virtuales, y la mayoría del tiempo se la pasan en juegos de celular. Otros de reciente ingreso a la primaria, acompañan a sus padres y abuelos en el “trabajo en casa”, pintan, hacen planas para forjar su escritura, pero lo hacen por iniciativa propia, sin que los maestros les asignen tareas.
Si observamos detenidamente, los feriados, asuetos y descansos por “decreto”, suman al menos 8 días hábiles hasta el 15 de noviembre, y si a ello agregamos las vacaciones de medio año, y los paros como el establecido por el sindicato de Acevedo, los estudiantes perderán fuerte carga de conocimientos sin que los docentes envíen guías de trabajo a los alumnos en concepto de tareas.
La dirigencia sindical asegura que los diputados se comprometieron a elaborar una nueva iniciativa de ley, que mejore las condiciones económicas de los jubilados del Estado para retornar a las aulas, y los congresistas se comprometieron a la instalación de una mesa técnica que analice las reformas al Decreto 63-99 del Congreso.
Este año es crucial para recuperar el atraso que produjo el confinamiento de tres años, producto de la pandemia por Covid-19, y que dejó como saldo que unos 186,833 estudiantes no finalizaran el ciclo escolar en 2021. Una cantidad similar se registró el año pasado. La deserción escolar, la falta de equipo de cómputo para recibir clases virtuales en los hogares –principalmente en el área rural–, la pobreza y el trabajo infantil, son impactos reales que afectan la educación en Guatemala.
Jocotán, Chiquimula, es uno de los municipios con menor índice de desarrollo en Guatemala. De esa cuenta, el 76% de hogares censados a nivel nacional en 2018, enfrentan carencias de acceso a la tecnología, el 71% en educación, 50% en servicios básicos.
Por esa razón, es que la educación oficial debe enfocarse a cumplir a cabalidad con el calendario de clases establecido para el 2023, para que todos los objetivos y contenidos sean recibidos por la población estudiantil, principalmente en millares de comunidades que fueron impactadas durante tres años por la pandemia.
