En una reciente visita de trabajo que realicé a las tierras bajas del Norte, recibí la denuncia del Movimiento Social Intercultural del Pueblo de Ixcán, Quiché, sobre la criminalización a 11 ex miembros de autoridades indígenas. Exponen que entre 1994 a 2018, más de 20 comunitarios fallecieron por efectos vinculados al alcoholismo. Ante esa trágica realidad, las organizaciones comunitarias de mujeres demandaron en asamblea la regulación y la prohibición de la venta de bebidas embriagantes por considerarlo uno de los principales problemas que genera impactos negativos como violencia contra la mujer en sus diferentes manifestaciones y conflictos comunitarios.
En 2018, la asamblea aprueba el Reglamento Comunitario de Pueblo Nuevo, Ixcán, el cual prohíbe la venta de bebidas alcohólicas. Esta determinación generó la desobediencia de unas 20 familias quienes continuaron con el expendio y distribución de esos productos dañinos para el consumo humano, generaron escándalos, atentados contra la autoridad comunitaria, resistencia armada, destrucción de la talanquera, robo del libro de actas e incendio a la alcaldía comunitaria. Esas 20 familias fueron expulsadas de la comunidad.
En represalia, los expulsados -encabezados por Ramón Marcos Baltazar, José Domingo Ros y José Juan Francisco-, han intentado dejar sin efecto la prohibición de la venta de licor y transporte de bebidas embriagantes.
Según la denuncia, el 7 de octubre de 2019, los expulsados participaron en la destrucción de la talanquera de acceso a la comunidad, enfrentamiento y quema de propiedades. El 13 de febrero de 2022, Marcos, Ros y Francisco, llegaron acompañados del gobernador departamental y agentes de la PNC, para instalar una negociación que dejara sin efecto la venta de licor; sin embargo, los comunitarios les indicaron que la máxima autoridad para negociar era el pleno de la Asamblea Comunitaria. Tres días después, los mismos expulsados –acompañados de fiscales auxiliares del Ministerio Público, MP-, ingresaron a la comunidad para para verificar los hechos.
Desde esa fecha, 11 ex integrantes de las autoridades comunitarias de Pueblo Nuevo, son procesados y cumplen las restricciones impuestas por el juzgado de Ixcán. Ante esa realidad, la Junta de Administración de la Cooperativa Integral de Consumo La Resurrección, R. L. y de la alcaldía Comunitaria de Pueblo Nuevo, rechazan la intervención del gobernador, en apoyo a los tres dirigentes expulsados quienes impulsan nuevamente la venta de licor en esas comunidades en perjuicio de las familias que han afrontado la muerte de sus familiares por el consumo excesivo de bebidas embriagantes.
Las familias reiteran su compromiso en resolver esa situación en forma pacífica mediante el diálogo, y exigen el respeto a las normas comunitarias de convivencia y que se respete el derecho a las normas de convivencia de los pueblos indígenas, así como dejar sin efecto la persecución en contra de las autoridades indígenas de Pueblo Nuevo, Ixcán.
