Samuel Flores
La pérdida de fe en las instituciones del Estado se inició desde 1986, con la llegada de “supuestos gobiernos democráticos al poder”, desde la administración de Vinicio Cerezo, (DC, 1986-90). Entre otros mandatarios nefastos podemos mencionar a Jorge Serrano Elías, (MAS); Álvaro Arzú, (PAN); Alfonso Portillo, (FRG); Óscar Berger, (GANA); Álvaro Colom y Sandra Torres, (UNE), Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, (PP); Jimmy Morales, (FCN-Nación), y el actual.
Los políticos del partido VAMOS que hoy dirigen el Organismo Ejecutivo, Legislativo, Judicial, la CC, el TSE, la USAC, y otras instituciones, incumplen la legislación vigente en Guatemala. Eso podemos comprobarlo con la elección de magistrados oficialistas a la Corte de Constitucionalidad, el rector de la USAC, la fiscalía, y la cooptación de instituciones se incrementa.
Ese deterioro permite a integrantes de la Fundación contra el Terrorismo iniciar una persecución contra el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, mediante amenazas vía twitter y redes sociales, contra un ícono de la justicia independiente y lucha contra anticorrupción en Guatemala.
A esos ataques que afronta el juez Gálvez, hay que sumar la denuncia e investigación que impulsa la unidad de Informática del Organismo Judicial, que lo acusa de visitar páginas con contenido de pornografía infantil. Estas acciones dan la impresión de que existe una “concertación” entre los magistrados de la CSJ, y otras instituciones para deteriorar la imagen del juzgador. A estas alturas la sociedad desconfía de las instituciones por un proceder que vulnera los derechos de jueces y operadores de justicia independientes.
Otra acción que genera desconfianza en el supuesto sistema “democrático”, es la designación de Walter Mazariegos como rector 2022-2026 de la USAC. De esa cuenta, al menos 10 unidades académicas de la Carolingia desconocen al Consejo Superior Universitario, CSU; a Mazariegos como máxima autoridad. Por esa razón, la Rectoría permanece ocupada por estudiantes de diferentes facultades como medida de rechazo.
El “fraude” provoca una crisis que incapacita a la comunidad estudiantil lograr la recuperación de los triunfos y avances de la universidad pública. La USAC no es ajena a las políticas de intervención y en la actualidad está cooptada por una estructura que ha corrompido el Alma Máter.
Esa realidad es producto de un proceso de intervención, que dificulta reconstruir instituciones ocupadas por políticos corruptos. El sentido de justicia se pierde, pues las instituciones –juzgados, cortes y otras–, se ponen al servicio del poder político generando una herramienta de intimidación contra jueces, fiscales y periodistas que se oponen a la corrupción, abusos, impunidad.
Además, esos mismos funcionarios que dirigen las instituciones del Estado arremeten contra el presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora, y tres periodistas de ese diario; Emisoras Unidas, Diario La Hora, periodistas comunitarios independientes.
El fin de semana organizaciones indígenas y campesinas iniciaron protestas frente a la Plaza de la Constitución compenetrados en la necesidad de rescatar la institucionalidad. La jornada se extenderá al sábado 28 de mayo.
