Samuel Flores
Con más de 7,000 comunidades sin servicios de salud, falta de atención adecuada a pacientes con enfermedades no vinculadas al COVID-19, constante desabastecimiento de medicinas, falta de pago a personal médico y enfermeras en hospitales, centros y puestos de salud a nivel nacional empañan la conmemoración del Día de la Salud en Guatemala, (7 de abril).
La crisis sanitaria revela la exclusión que al 2016, registró un déficit de 4,461 puestos de salud, 296 centros de salud locales, 109 centros de salud ampliados interdistritales y 48 centros de salud ampliados, interdistritales, con capacidad quirúrgica mayor ambulatoria. El Plan Estratégico del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, MSPAS, 2018-2032, estima la necesidad de contar con 809 nuevos centros de salud a nivel nacional. Un puesto de salud debiera garantizar atención a unos 5,000 habitantes en cada comunidad, caserío y aldea del área rural.
Además, se reportan mínimos esfuerzos institucionales para la erradicación de la desnutrición en población infantil menor de cinco años. A diciembre de 2021, el Ministerio de Salud reportó 22,443 niñas y niños con desnutrición aguda.
El Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva, OSAR, revela que a julio de 2021, se registraron 65,373 embarazos; el 5% (3,203) corresponden a niñas de 10 a 14 años de edad. El 95% (62,170) a adolescentes de 15 a 19 años, sin que disminuyan los embarazos en niñas y adolescentes.
Por aparte, al 31 de marzo de 2022, el gobierno registró la pérdida de Q341.20 millones por el vencimiento de vacunas Sputnik V. La primera semana de abril caducarán un millón 619 mil 190 dosis de inmunizante marca Moderna, AstraZeneca y del segundo componente Sputnik V.
Sumado a los recortes presupuestarios que producen una deficiente campaña de vacunación -principalmente en el área rural donde unos 6 millones de indígenas y campesinos no han recibido la primera dosis-, la inmunización avanza bajo la mirada de desconfianza de un fuerte segmento de la población.
Pese a esa pérdida millonaria, el Ministerio de Salud continúa la negociación con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), para la adquisición de más de 4 millones de dosis de la vacuna Sputnik V. Ese contrato oscuro y aterrador pone en riesgo la inversión de cientos de millones de quetzales –en perjuicio y detrimento de la población.
Guatemala necesita que el gobierno cumpla con el derecho constitucional de garantizar el bien común de la población, principalmente la más vulnerable, para no seguir socavando el sistema público de Salud. Además, iniciar la construcción de un Sistema Nacional de Salud con participación de poblaciones indígenas de esas 7,000 comunidades excluidas. Recuperar y fortalecer los servicios públicos de salud a todo nivel, para garantizar la atención en el interior de la República.
Mientras el Estado/gobierno no asuma su responsabilidad de garante del derecho a la salud y no invierta suficiente presupuesto, será una deuda pendiente con la población rural, pobre y marginal urbana.
