Samuel Flores
Las últimas semanas se han incrementado los ataques contra medios y periodistas que denuncian acciones emprendidas por el denominado “Pacto de Corruptos”, y vulneran la democracia.
El Ejecutivo, el Legislativo, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, y como última muralla de impunidad: la CC, con el cómplice y silencioso aval de algunos empresarios atentan contra la libertad de prensa, y les incomoda investigaciones, notas de prensa, coberturas y publicaciones que revelan actos alejados de la transparencia y rendición de cuentas.
La última acción de acoso se registró contra Diario La Hora, cuando la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP, quiere hablar con una persona que fungió como reportero para preguntar el motivo y origen de la publicación “Filtración hace fracasar operativos del MP y CICIG”, nota informativa publicada el 5 de agosto 2019. La casa editorial fijó su postura amparándose en el artículo 35 de la Constitución: Ley de Emisión del pensamiento, razón por la cual La Hora no está obligada a revelar las fuentes de información y datos personales de los autores, más cuando ese requerimiento parte de hechos públicos.
Otro caso que atenta contra la Libertad de Expresión lo constituye el fallo de fecha 22 de septiembre 2021, emitido por los magistrados de la CSJ, en el cual rechazan el antejuicio contra la fiscal Consuelo Porras, que en su parte resolutiva certifican lo conducente al MP para que investigue la posible comisión de ilícitos por la publicación realizada por elPeriódico de la declaración del colaborador eficaz Marco Aurelio Alveño Hernández.
En ese contexto, el pasado 23 de julio, la señora fiscal anunció la destitución de Juan Francisco Sandoval, entonces jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI. Por la noche, Sandoval ofreció una conferencia de prensa en la cual informó que su despido se originó en una investigación que realizaba al presidente Alejandro Giammattei. Sandoval dijo que lo investigaban por supuestamente haber recibido una cantidad de dinero de unos ciudadanos rusos. La
Fiscal y el mandatario rechazaron los señalamientos. 48 horas después, Acción Ciudadana presentó una solicitud de antejuicio contra Consuelo Porras por la destitución de Sandoval. Ese mismo día, elPeriódico publicó un reportaje titulado: “Declaración eficaz, detonante que forzó la destitución de Juan Francisco Sandoval”, el cual reveló el testimonio de Alveño que mostraba la posible manipulación de casos desde la jefatura del MP.
Al acoso constante a medios hay que sumar la agresión de agentes de la PNC contra el reportero gráfico Carlos Sebastián, el 21 de noviembre 2020, cuando documentaba la manifestación en contra del Presidente y el legislativo por la opacidad en la aprobación de un proyecto de presupuesto desfinanciado que ascendía a Q99 mil 700 millones.
Cabe destacar que la Asociación de Periodistas de Guatemala, (APG), la Procuraduría de los Derechos Humanos, (PDH); la Sociedad Interamericana de Prensa, (SIP), la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), repudian el ataque sistemático de instituciones del Estado contra medios y periodistas. Defendamos la libertad de prensa una conquista constitucional que permite a los guatemaltecos denunciar actos de corrupción e impunidad a todo nivel.
