Samuel Flores
Observar la foto del ministro de Finanzas entregando un libro de muchas páginas, que contiene la propuesta final del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el 2022, al “diputado distrital por el departamento de Sololá”, y flamante presidente del congreso Allan Rodríguez, por un monto de Q103,992.5 millones no me convence.
Este proyecto de presupuesto favorece a la fiscal del MP, Consuelo Porras, con un monto adicional de Q1,400 millones: (supuestamente para la operación de 340 fiscalías a nivel nacional: sin embargo, conocemos que es el pago del Ejecutivo a esa institución que emitió orden de captura al fiscal Francisco Sandoval).
El gobierno es calificado de falta de transparencia en el manejo de mis impuestos, constantes señalamientos de corrupción, inoperante, ineficiente en el manejo de la contención de la pandemia.
En el área rural subsisten 204,500 familias afectadas por las tormentas Eta e Iota, que resultaron damnificadas el año pasado. En este contexto el MAGA debería invertir en programas de orientados a impulsar la Producción de alimentos para esas familias. Esa institución registró un recorte de Q451.99 millones y con una ejecución de 47.78%. Como ente rector el MAGA debe asumir acciones inmediatas como la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral garantizado la inversión y transparencia de los recursos. Así se evitaría exponer a la niñez a los casos de desnutrición crónica y aguda a nivel nacional. Con 305 municipios clasificados en “rojo” por la pandemia, la Inversión del presupuesto del 2022 debe ir enfocada a atender las necesidades y asistencia a nivel rural.
Destinar recursos a contener la crisis humanitaria por la incapacidad del Ministerio de Salud ante el alarmante repunte de casos por COVID-19. Masificar la inmunización a la población que habita en comunidades indígenas y campesinas en riesgo por contagios de COVID-19. El gobierno debe vacunar a más del 80% de la población en general. Informar a los habitantes en su idioma materno los beneficios de la vacuna.
Aperturar centros de vacunación adecuados en aldeas, caseríos y comunidades a fin de evitar gastos de bolsillo a las familias y facilitarles la vacunación. Impulsar una campaña de información masiva en idiomas originarios, e imponer medidas restrictivas como un “toque de queda” estricto, restringir aforos a supermercados, mercados, centros comerciales, restaurantes, transporte. Solicitar a la población a utilizar mascarilla, el distanciamiento social y lavado de manos.
Es indudable que esta propuesta de presupuesto no fue consensuada con organizaciones sociales, tanques de pensamiento, ni con autoridades indígenas. Es un proyecto generado para beneficiar al gobierno, diputados y funcionarios ligados al pacto de corruptos, comerciantes, industriales, ganaderos y financieros. Además, beneficia a los militares, constructores de carreteras, pero carente de beneficios para la población azotada por la pandemia.
