Samuel Flores
Ocupa el 13º. lugar de 15 naciones de acuerdo con el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, elaborado por la Sociedad de Las Américas, en conjunto con el Consejo de las Américas. Esa pérdida de confianza se inició desde el 2016, durante el gobierno del partido FCN-Nación, cuando el ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, CIV, inició la construcción del “Libramiento de Chimaltenango”, a un costo mayor a los Q592 millones. Esta obra que en su momento fue calificada por el ex presidente Jimmy Morales como su “mega proyecto” continúa desplomándose. Es evidente que privaron intereses oscuros en el costo de la construcción que nos indigna.
Otra evidencia de corrupción de esa administración la revela el decomiso de Q122 millones 351 mil 456.60, en un inmueble ubicado en Antigua Guatemala, Sacatepéquez. Según la investigación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, FECI, una de las maletas tenía el cintillo de una de las aerolíneas en la que viajó el ex ministro de Comunicaciones José Luis Benito, a Madrid, España. Estos son casos públicos conocidos de la administración del FCN-Nación; sin embargo, hay casos ocultos por redes de impunidad que aún no se conocen.
No hay que olvidar que fue ese mandatario el que puso fin al acuerdo con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG; y siempre mantuvo una falta de apoyo a la ex fiscal Thelma Aldana.
Por aparte, escuchar al mandatario actual pregonando la creación de su propia “Comisión Presidencial contra la Corrupción”, es una falta de seriedad. La administración del partido Vamos se caracteriza por la pérdida de legitimidad, sin apoyo ciudadano por los malos manejos denunciados por la sociedad civil, especialmente con el endeudamiento de los fondos adjudicados para el combate del COVID-19. El caso más reciente: el fracaso y negligencia en la adquisición de vacunas para la contención de esa pandemia en el 2021. Esto en complicidad con su alianza oficialista encabezada por Allan Rodríguez en el Congreso, otro de los organismos dirigido por el denominado “Pacto de Corruptos”.
Otras denuncias por corrupción se han generado por la mala administración de recursos públicos en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en el Ministerio de Cultura y Deportes, y Ministerio de Desarrollo Social.
A esta oscura realidad hay que agregar la no juramentación de la magistrada electa por la USAC, Gloria Porras, como magistrada de la CC; la reciente aprobación de las reformas a la Ley de ONG, y otras acciones que buscan callar las voces que denuncian los excesos cometidos por el gobierno. Ante ello, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en su reciente visita al país anunció la creación de una fuerza de tarea contra la corrupción cuyo objetivo es el combate de delitos transnacionales, apoyo a la FECI, y una sociedad civil fortalecida que denuncie los abusos de la actual administración.
Es tiempo que el gobierno asuma su responsabilidad ante el pueblo de Guatemala, con señales orientadas a la transparencia para evitar un estallido social como el ocurrido en Colombia.
