El sábado pasado, en Ohio, el expresidente estadounidense Donald Trump amenazó que si él no gana las elecciones en noviembre habrá un baño de sangre en la nación. Posteriormente voceros de su campaña, asustados de las terribles implicaciones de esa frase, intentaron modificar la expresión diciendo que Trump se refería solo a la masiva inundación de automóviles extranjeros que llegarían y que indudablemente habrían de destruir la industria automovilística estadounidense. Sin embargo, la mención del “baño de sangre” quizá no fue la frase más desafortunada que el expresidente manifestó, siendo ya el seguro candidato presidencial del partido Republicano. Trump asimismo se refirió a “los cientos de miles de migrantes que están invadiendo y contaminando la sangre de los Estados Unidos” quienes, en su opinión “no son humanos sino verdaderos animales”.
Por otra parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott sancionó una controversial ley que criminaliza a quienes entran al territorio del Estado de manera ilegal desde otro país, permitiendo a las autoridades locales, policías, “rangers” y la Guardia Nacional, detenerlos, encarcelarlos y/o deportarlos a México. En una decisión provisional, seis de los nueve jueces de la Suprema Corte federal decidieron permitir que se aplique esa ley (SB-4), mientras un tribunal de apelación federal decide suspender o no su aplicación. Abbott así está poniendo en la mesa de discusión legal si es solo la federación o también los estados quienes tienen jurisdicción en los asuntos fronterizos.
El gobierno federal sostiene que la jurisdicción sobre asuntos de la frontera es exclusiva de la Federación, sin embargo, el gobernador texano argumenta que su Estado está siendo invadido por extranjeros y en consecuencia se encuentra en “situación de guerra” lo que le autoriza a tomar medidas excepcionales. Así, el gobernador Abbot ordenó publicar el pasado 24 de enero un documento del gobierno texano en el que denuncia que “el gobierno Federal ha roto el pacto entre los Estados Unidos y los estados federados en el que este se comprometía a aplicar la Constitución, las leyes respectivas y defender a dichos estados”. Según ese documento, el presidente Joseph R. Biden ha sido remiso en su obligación constitucional por lo que el ejecutivo texano decidió tomar en sus manos la defensa del estado y sus habitantes invocando la Constitución federal y las intenciones de los constituyentes de 1787.
El documento publicado por el gobernador Abbott afirma que James Madison, Alexander Hamilton y los otros próceres que redactaron la Constitución de los Estados Unidos previeron que los estados no deberían quedar a merced de un “presidente sin ley que no hace nada para detener amenazas externas como los cárteles criminales que contrabandean a millones de inmigrantes ilegales a través de la frontera”. Es por eso por lo que los constituyentes incluyeron en el texto de la Constitución tanto el artículo cuarto, sección cuarta, que promete que el gobierno federal “protegerá a cada estado contra las invasiones, y el artículo primero, decima sección, tercera cláusula, que reconoce “el interés soberano de los estados en proteger sus fronteras”. Así, prosigue el documento del gobernador Greg Abbott, “el incumplimiento por parte de la administración Biden de los deberes impuestos por los artículos antes mencionados, que reservan a los estados el derecho de legítima defensa” … “Por estas razones, he declarado, amparado por el artículo primero, decima sección, tercera cláusula una invasión extranjera y he invocado la autoridad constitucional del Estado de Texas para defenderse y protegerse. Esta autoridad es la ley suprema del país y reemplaza cualquier estatuto federal contrario. La Guardia Nacional de Texas, el Departamento de Seguridad Pública de Texas y las otras autoridades locales habrán de actuar bajo esta autoridad y la ley local para asegurar la frontera texana.” De manera semejante a los estados confederados de hace 160 años, hoy el gobernador de Texas está asumiendo poderes a los que legalmente no tiene derecho.
Seguramente se deben tomar muy en serio las diversas manifestaciones verbales y conductuales de los distintos candidatos de los partidos políticos, tanto del Republicano como del Demócrata, respecto a la estructura política constitucional estadounidense. Sin duda, la estructura constitucional estadounidense es suficientemente flexible para permitir su gradual adecuación a las condiciones políticas y sociales medioambientales, mediante la gradual y continuada interpretación de los jueces, pero parece que existe un numeroso y creciente grupo de ciudadanos que está perdiendo o ya ha perdido la confianza en las instituciones y en la capacidad de conversar en forma civilizada con quienes no comparten sus ideas y propósitos. El resultado de tal transformación societaria puede ser catastrófico, incluso darse el terrorífico “baño de sangre” amenazado por el expresidente Trump. Sin duda las palabras tienen consecuencias por lo que el expresidente y actual candidato Republicano debería responsablemente medir sus palabras para no incitar a la violencia fratricida. Ojalá la prudencia política de los estadounidenses prevalezca.
