En Guatemala no solo enfrentamos problemas, sino también la forma en que se nos presentan. La agenda pública se mueve, se reordena y muchas veces se distorsiona. Cuando un tema comienza a incomodar, aparece otro que lo desplaza, no por ser más importante, sino por captar más atención. Esa dinámica debilita nuestra capacidad de enfocarnos en lo esencial. Hoy, más que nunca, vale la pena preguntarse si lo que vemos es casualidad.
El problema: En nuestro país, cuando estamos viviendo una situación que percibimos como grave –como el aumento en el precio del combustible, la violencia o la inseguridad– aparece otro tema aún más fuerte que hace ver el anterior como menor. No desaparece, pero deja de ser prioridad. Algo así podría estar ocurriendo ahora con el supuesto hackeo y robo de información en instituciones del Estado y algunos espacios privados, que ha irrumpido con fuerza justo cuando el país atraviesa uno de los momentos más sensibles: la elección del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público.
No se trata de negar la gravedad de un posible hackeo. Si fuera real, sería preocupante. Pero tampoco de aceptar sin cuestionar el momento en que surge la alarma, más aún cuando algunas instituciones han desmentido vulneraciones, como el Renap. La pregunta no es solo si ocurrió, sino por qué se instala con tanta fuerza justo ahora.
Lo que está en juego es mucho más profundo. La elección del Fiscal General no es un trámite más; define el rumbo del sistema de justicia. Sin embargo, el proceso ha estado marcado por obstáculos constantes: recursos legales, impugnaciones y decisiones que parecen orientadas a desgastar o condicionar el resultado.
No es casual que cada avance enfrente nuevos tropiezos, ni que perfiles que podrían representar un cambio queden fuera por distintas vías. Lo que vemos no es solo un proceso complejo, sino un proceso tensionado, en el que distintos intereses buscan incidir hasta el último momento.
¿Qué pasó? Vimos cómo se interpusieron recursos para revisar votaciones ya realizadas. Cuando parecía que el proceso avanzaba, se obligó a retroceder. Se repitieron etapas, se alteraron escenarios y, en el camino, se dejó fuera a una candidata que –según distintos análisis– pudo haber sido una opción viable dentro de la línea del Presidente. También surgieron dudas sobre la forma en que ciertas candidaturas llegaron a la etapa final.
Lo cierto es que la percepción de fondo no cambia: hay estructuras que no quieren perder el control. El nombre de Consuelo Porras no es menor en esta discusión, como tampoco lo es el temor que genera un eventual cambio en el Ministerio Público. La incertidumbre no es solo sobre quién será electo, sino sobre qué pasará después.
En medio de esto, también se ha cuestionado al Presidente. Y aquí hay que ser claros.
NO SE VALE criticar al Presidente por no intervenir en espacios que no le corresponden. Durante años se cuestionó –con razón– a quienes metían las manos en todo. Hoy se cuestiona a quien decide respetar los límites. Esa contradicción dice mucho de cómo entendemos la institucionalidad.
El caso de la Universidad de San Carlos es un ejemplo evidente. Se ha señalado su deterioro y su cooptación, pero no es el Presidente quien debe resolverlo. Son sus autoridades, sus estudiantes, sus egresados. Pretender que intervenga sería, precisamente, pedir aquello que durante años criticamos.
Lo mismo ocurrió con la Corte Suprema de Justicia. Hubo quienes hablaron de “derrota”, cuando en realidad nunca hubo intervención. Ahora, en el caso del Fiscal General, sí le corresponde decidir, pero incluso ahí enfrenta un proceso condicionado. Aun así, ha optado por entrevistar a los seis candidatos, buscando un criterio más amplio y evitando decisiones arbitrarias. Eso, en sí mismo, ya marca una diferencia.
El país está en crisis. No es una afirmación alarmista, es una constatación. Hay cooptación, desgaste institucional y una ciudadanía cada vez más distante. Y lo más preocupante no es solo lo que ocurre, sino cómo nos acostumbramos a ello.
Por eso, más allá del ruido –sea real o inducido–, hay algo que no podemos permitir: perder de vista lo importante. Porque cuando dejamos de observar, de cuestionar y de exigir, otros deciden por nosotros.
Que nos duela ver cómo múltiples elecciones de segundo grado coincidieron en un mismo periodo de gobierno, por culpa de las reformas Constitucionales del 93. Que nos duela más ver cómo se desaprovechan oportunidades para generar cambios reales en nuestras instituciones por demás desgastadas por la cooptación y la corrupción. Que ese dolor nos mueva a actuar, a involucrarnos y a asumir nuestra responsabilidad en la construcción del país que queremos. Caminemos, participemos… o no avanzamos.
