Ofrezco disculpas por insistir en la importancia de la Constitución Política de la República ya que, como constituyente, estoy obligado no sólo a difundir su contenido, sino también a defenderla. Hago énfasis en que esta defensa debería de ser función de todos y lo ideal sería que conociéramos el contenido de la Carta Magna. Derivado de este idealismo es que los constituyentes aprovechamos cualquier espacio para cumplir con ambas funciones.
La coyuntura devela que se están violentando varios artículos constitucionales al pretender enviar a prisión a ciudadanos que han hecho uso de la libre emisión de pensamiento y del derecho de manifestación o protesta. El artículo 5 constitucional, al referirse a la libertad de acción indica que “toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma”.
No existe ley que prohíba o advierta que es delito manifestar contra una elección turbulenta encaminada a “elegir” al principal funcionario de la única universidad estatal que se maneja con fondos públicos. ¿Desde cuándo es ilegal opinar sobre las ilegalidades en las que incurren las personas que reciben un salario del Estado, aunque ese pago provenga de una institución autónoma? Ese salario, recordemos, viene de los impuestos.
Son claras violaciones constitucionales cuando se pretende catalogar como “delito” las manifestaciones contra lo sucedido en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y la elección de su rector. Expresarse y actuar son acciones garantizadas en los primeros artículos constitucionales que se revisten de importancia por proyectarse a la protección de los derechos inherentes a la persona humana.
Al referirnos a las manifestaciones contra funcionarios -de gobierno y de la USAC- es mi obligación recordar que el artículo 33 constitucional reconoce “…el derecho de reunión pacífica y sin armas. Los derechos de reunión y de manifestación pública no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados; y la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público”.
Y cuando pretenden satanizar publicaciones efectuadas en las redes sociales, debo y tengo que recordar que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental. Basta acudir al artículo 35 constitucional respecto de la libertad de emisión de pensamiento y leer que: “Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral será́ responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derechos a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones”.
Lo anterior consagra el derecho de aclaración cuando una publicación agravie, pero en este caso ¿son las autoridades de la USAC funcionarios públicos? Desde el momento en que aceptaron ser parte de la dirigencia universitaria estatal quedaron supeditados a lo establecido en ese mismo artículo, “No constituye delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.
NO SE VALE, que en el imparable deseo de frenar la toma de posesión del presidente y vicepresidente electos y de querer llevarlos a prisión, retuerzan las leyes para cancelar a Semilla por acciones no probadas, retroactivas y de carácter personal y no del partido. Tampoco se vale que manipulen las declaraciones y pronunciamientos contra la elección de rector de la USAC.
YA ES HORA de frenar las presunciones; y si existen indicios probables de fraude, falsificación de firmas o adhesión de personas fallecidas, que los presenten y esclarezcan la creciente confusión ciudadana. Sin embargo, vemos que no hay claridad y lo único visible es la constante manipulación de leyes. Por mi lado, seguiré buscando la verdad entre quienes fueron parte del proceso electoral y mantendré firme mi defensa a favor de las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
