José Roberto Alejos Cámbara
Cuando llegó el momento de aprobar el presupuesto de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 1985, el montó fue de Q3,951,524. Algunos dirán que la moneda valía más o que el cambio frente al dólar era de 1 x 1 -que no es verdad-. Si hiciéramos la conversión al cambio actual, ese monto sería de Q30,426,734.80 para aprobar lo que definitivamente es lo más importante en el tema legislativo: la Constitución Política de la República.
Con anterioridad comparé los presupuestos de la ANC y del actual Congreso y ofrecí una comparación del personal, los edificios, los servicios, el mobiliario… Cuando me reincorporé a la política, después de haberme retirado en 1991, la diferencia ya era increíble. Los constituyentes de entonces no tuvimos asesores, asistentes, viáticos, gastos de representación, seguro de vida, seguro dental, teléfono, y entiendo que con el presupuesto actual, no vale ni la pena hacer tal comparación.
En el 2008, fui Primer Secretario de la Junta Directiva que presidió Eduardo Meyer, a quien agradezco no dejarme manejar el presupuesto legislativo. Eso me libró de verme involucrado en el desvío, que se convirtió en pérdida, de los Q82.8 millones ahorrados en las cuentas privadas del Congreso. El escándalo fue conocido como “Caso MDF” ¡Sólo esa pérdida fue más del doble del presupuesto de la ANC!
Los constituyentes, legítimamente electos y con auténtica representación, no nos aprovechamos para elaborar un exorbitante presupuesto. Al contrario, elaboramos uno que cubría gastos mínimos de funcionamiento. No se incluyeron renglones para gastos confidenciales -figura que existía en esa época-; tampoco renglones que se prestaran a manejos turbios que entorpecieran nuestro funcionamiento. Fue la misma filosofía aplicada en el presupuesto de 1984, que también fue reducido.
No culpo a la actual legislatura, tampoco al actual gobierno, pero aclaro que no los defiendo. Este gobierno ha dispuesto del presupuesto más alto de la historia del país, y también ha sido el menos transparente y el menos eficiente. No pudo -o no quiso- aprovechar la oportunidad que la pandemia y otras situaciones le otorgaron para invertir en el ser humano, en el desarrollo, y así evitar la hambruna que se avecina y la que ya existe, aunque insistan en negarlo cambiando informes. ¡La culpa la tenemos todos, algunos por acción y otros por omisión!
Me incluyo porque fui Presidente del Congreso en tres ocasiones y los presupuestos que ahí se aprobaban eran grandes, aunque no se compara con lo que se ha venido dando. Hago constar que soy amigo de presupuestos grandes, porque creo en un Estado grande pero funcional en beneficio de la población.
En estos días se analiza, como prefieren decir los diputados, un presupuesto para el año próximo de Q112,294,767,000. De este monto, Q76 mil millones son para funcionamiento; Q16 para deuda pública y menos de Q20 para inversión. Existen estudios que comprueban que por lo menos el 35% se pierde en corrupción y un 10% en obras, que no cumplen con los requisitos de tiempo para los que fueron elaborados. ¡Quiere decir que apenas Q12 serán invertidos!
¿Qué pasó? Cómo llegamos a perder el control, no sólo del presupuesto, sino del Estado en general ¿En qué momento este desorden, esta anarquía, esta injusticia, esta deshumanización se apoderó de nosotros?
NO SE VALE decir que la culpa es de los que mantienen al país en la pobreza; la culpa es de quienes solo criticamos y no hacemos nada para cambiar la situación. Abramos los ojos, porque “EN EL MUNDO DE LOS CIEGOS EL TUERTO ES REY”.