José Roberto Alejos Cámbara
Después de recibir clases en la Comisión de los Treinta y ser testigo de las discusiones, que con buena intención, se llevaron a cabo en el pleno de aquella Constituyente, vi finalmente redactado todo lo que se relacionaba con el Sistema de Justicia. Y, aunque tuvimos que aceptar que no quedó de la mejor manera y que tuvimos que respetar la propuesta de los expertos del Colegio de Abogados, la Academia y la comisión política del Consejo de Estado, era suficiente para que en la primera legislatura se pudiera elegir una Corte de lujo, presidida por el doctor Edmundo Vásquez Martínez.
Guardaré en mi memoria la juramentación de aquella Corte y luego sin lujos, ni invitados para dar un show, a mis 25 años, fui a darles posesión como Secretario en este acertado acontecimiento. Esta elección fue cuando el período de gobierno era de cinco años, para ejercer ellos seis, buscando que fuera alterno.
Sin embargo, al iniciar el segundo período de 1993, el texto aprobado fue reformado y la integración de la Corte Suprema de Justicia fue inspirada en la gestión de la segunda corte de la transición. Esta CSJ fue parte del conflicto político que desembocó en la alteración del orden constitucional intentado por Serrano Elías y que sirvió de excusa para llevar a cabo la reforma y dejar la idea en la población de que es fácil depurar al Congreso.
Sin embargo, en el texto original de la Constitución, la CSJ se integraba con nueve magistrados electos directamente por el Congreso de la República: cuatro de forma directa y otros cinco de una nómina de 30 candidatos propuestos por la Comisión de Postulación. Con las reformas del 93 se incrementó el número de Magistrados a trece, electos por el Congreso de la nómina de 26 candidatos de una Comisión de Postulación.
La reforma también redujo el período de la CSJ de seis a cinco años, así como la rotación anual de la Presidencia, a diferencia de la elección de un presidente para el período completo que establecía el texto original, evitando así su politización por ver quién es.
A la larga, este diseño, que aparentaba ser otro castigo para el Congreso y la clase política sirvió para ampliar el margen de maniobras de los bufetes a los que ya se les señalaba por tener influencia en el Poder Judicial, así como alentar el corporativismo dentro del Colegio de Abogados, además del estímulo perverso para la creación de las Facultades de Derecho, que por el hecho de serlo, tienen representación en las Comisiones de Postulación.
Dicha ley logramos aprobarla cuando regresé a la política y presidí el Congreso nuevamente. Fue difícil y tuvo éxito solo para esa elección, y hoy es parte del problema. No sólo politizamos la academia y la justicia, además de judicializar la política, sino que salió a luz lo que ya sabíamos: Existen comisiones paralelas y es evidente la influencia de grupos sociales incidentes y confrontados que vetan varios candidatos, lo cual utiliza este Congreso como excusa para no elegir Cortes y con esto mantener su influencia en las actuales, postergando la impunidad.
Y, en lugar de entrarle a la REFORMA CONSTITUCIONAL están aprobando reformas a la ley del Organismo Judicial de una manera más que cuestionable. ¡TERRIBLE VERDAD!
