Consuelo Porras tiene su sede en Gerona y la he llamado “bruja” por su capacidad de hacer aparecer “evidencias” donde no existen y desaparecer acusaciones para blindar a sus protegidos, particularmente Giammattei y “Miguelito”, que no han sido investigados durante ciento treinta días de señalamientos. Así, se pierde la función fiscalizadora penal del Poder Ejecutivo, porque el MP se ha convertido en policía política, que no combate el crimen y brinda impunidad. La ciudadanía lo sabe desde hace mucho tiempo y repetidamente ha hecho peticiones de renuncia a la Fiscal General, por persecución politizada de gente honesta y sus acciones para evitar que Arévalo y Herrera llegaran al gobierno. Los pueblos indígenas y el movimiento social y popular paralizaron el país para impedir que Porras diera el golpe de Estado antes del 14 de enero; pero no ceja en su empeño, buscando acusar a la vicepresidenta con “delitos inventados” y, eventualmente, al presidente. La ciudadanía pide su destitución, ante los abundantes actos de Porras dignos de remoción.
¿Por qué no se le ha echado? Por la alianza maligna de Porras con la CC. Es Fiscal General porque la CC la metió a la fuerza en la lista de selección de Giammattei. La CC declina exigir que Porras deje sus acciones ilegales y se abstenga de actuar políticamente y tampoco respondió a la consulta de Arévalo sobre las calidades requeridas para la jefa del MP. Para colmo, votó a favor del amparo solicitado por ella, al ver con pavor su inminente remoción. Sostengo que es hora de que se vaya Porras, así como exigir la renuncia de magistrados que la ampararon. Es urgente, porque con su orientación todas las piezas de la maquinaria de la corrupción se mueven a diario para secuestrar, nuevamente, la CSJ. Ante las artimañas del MP la gente sigue con zozobra y temor. En días recientes la FECI allanó el Ministerio de Salud y secuestró información, supuestamente para investigar la compra de vacunas Sputnik -sucio negocio de Giammattei y su clandestino consorte- aunque todo hace suponer que el asalto a cargo de Curruchiche tuvo como objetivo “hacer desaparecer” información comprometedora para Consuelo y sus protegidos en esta gran estafa.
En el artículo anterior insté a adoptar medidas políticas para romper las cadenas de la corrupción y la impunidad. Algunas las puede tomar Arévalo, con base en los actos abiertos de rebelión y sedición de Porras, y confío en que se ejecuten antes del 25 de junio. Pero pasa ahora a ser medida primordial la expulsión de los magistrados de la CC que ampararon a la Fiscal General. Esto nos corresponde hacerlo a nosotros como ciudadanía responsable, intransigente y decidida. Propongo a todas las vertientes de la resistencia nacional contra la corrupción y la impunidad que nos reunamos masivamente en la Plaza de la Constitución, el sábado 1 de junio, para solicitar la renuncia de las y los corruptos magistrados e iniciar una serie de acciones, que pueden llevar a un Paro Nacional indefinido, antes del 25 de junio. Roto el candado de la corrupción y la impunidad, todas las piezas quedarán sueltas y se hará la depuración del Estado.
