En días pasados leíamos que la justicia en Guatemala es de las más lentas de América -los casos de Jose Rubén Zamora y Claudia González muestran que la lentitud es aprovechada para “castigar” con prisión a personas “opositoras”, por odio y con el propósito de amedrentar a la ciudadanía- y yo afirmo que, además, es de las más prostituidas, por el Organismo Judicial, el MP, la CSJ y la CC. Como la trenza de ilegalidad está firme, porque, además, parte del Congreso es componente de las mafias mencionadas, cualquier medida legal que se intente va a encontrar el obstáculo de este “poder oscuro”. Esto se comprueba con la protección permanente que la CC proporciona al “monstruo de Gerona”, sin legitimidad ante la población, dentro y fuera del país, y ante la comunidad internacional. No les importa la condena generalizada, e ignoran los amparos y otras medidas legales que se han presentado para enfrentar abusos y delitos.
El Presidente Arévalo seguirá buscando soluciones legales, y ha logrado con sus gestiones que queden en evidencia ilegales y punibles retorcimientos de la ley que las mafias realizan constantemente -Consuelo Porras no cumple como Fiscal General, porque no investiga las acusaciones que se han formulado contra toda la calaña en su entorno, incluidos los expresidentes Jimmy y Giammattei; cae en abuso de poder, al hacer “secretos” pactos realizados con actores corruptos, como Joviel Acevedo, y, peor aún, al dejar en libertad a exmilitares, exfuncionarios y otros criminales, garantizándoles impunidad, ya sea mediante la desaparición de pruebas contra personas que protege o la aceptación de “galanas ofertas” para permitir que criminales salgan en libertad. Y caen en rebelión y sedición con sus múltiples maniobras, y reuniones secretas, para buscar la caída de presidente y vicepresidenta. La legalidad resulta impotente y, ante la muralla de impunidad que protege a las mafias, deben tomarse las medidas políticas correspondientes.
Las medidas políticas pueden ser tomadas por Arévalo y/o por la ciudadanía honrada, ya que no se puede dar más largas al intento de golpe de Estado. Arévalo puede proceder, de acuerdo con la Constitución, a capturar a los criminales a cargo de la rebelión y sedición, que están enquistados en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluidos MP y CC, encarcelarlos y preparar los casos pertinentes. La población debe estar lista a defender esta medida con toda la fuerza necesaria, que, sin duda, sería respetada y apoyada por la comunidad internacional. Si Arévalo no tomara esta decisión, la medida política pasa a la ciudadanía honesta. Más que paros o manifestaciones semanales, y conocedores de que criminales y corruptos de CACIF son los responsables del estado de cosas, la ciudadanía honesta debe paralizar el país, con otras medidas que toquen los bolsillos de los ricos, hasta que saquen a Porras y cómplices del MP y renuncien las y los magistrados de la CC que votaron a favor de Porras, los jueces serviles a ella y la ya caduca CSJ. Conciudadanos, ha llegado la hora de actuar por un gobierno democrático y honesto y contra la corrupción y la impunidad.
