La ciudadanía decidió apoyar a Arévalo el 20 de agosto de 2023 con el objetivo de extirpar la “guerra judicial” desatada por las mafias criminales, corruptas y golpistas desde el MP y el sistema judicial. Como toda guerra, ésta tiene “enemigos”, que han sido personas de las cuales los “poderosos” se han querido vengar -más de doscientas personas son “presos políticos” bajo delitos inventados, y docenas de compatriotas han debido salir al exilio- o las que pongan en riesgo su poder, por ejemplo, MLP y Semilla y su binomio presidencial. De no lograrse acabar con el “lawfare”, el Estado seguirá capturado, y el papel del nuevo gobierno se reducirá a administrarlo con tibias medidas de avance, con el riesgo de que dichas mafias le den golpe de Estado “judicial”, que la comunidad internacional no podría detener. La población sí lo defendería; pero solamente si el gobierno se lanzara a detener los actos de “lawfare” y revertir los daños ocasionados. La supervivencia del gobierno dependerá de su capacidad de “enjaular las fieras del lawfare”: corrompidos fiscales, jueces y magistrados.
La forma de combatir la “guerra judicial” es estableciendo una alianza con la ciudadanía, que la haga partícipe del control del Estado, en uso de la soberanía del Pueblo. Lo normal en un Estado no cautivo sería proceder a cambiar la Constitución y leyes específicas -bastaría la introducción del “artículo revocatorio” para que la ciudadanía, mediante referendo, pudiera remover a cualquier persona contratada por el Estado, desde el presidente y diputados hasta la CC, CSJ, jueces y, con mayor razón, el MP- aunque fuese un proceso largo y lleno de obstáculos. Apoyado por la ciudadanía, sin embargo, instamos a Arévalo a utilizar a plenitud los poderes que da la Constitución al Poder Ejecutivo -Gobernadores, embajadores, cónsules y funcionarios pueden y deben ser removidos por el bien de la Nación, y la Fiscal General por causa justificada, como dice la Constitución, que es su constante abuso de autoridad. El Ejecutivo no puede despedir al falso rector de la USAC; pero sí puede ordenar un informe sobre su fraudulenta elección y la continua ilegalidad del CSU. Lo demás, lo haremos las y los sancarlistas.
Mi preocupación principal, a cien días del nuevo gobierno, es que se reviertan los actos de “guerra judicial” ya realizados. El Poder Ejecutivo, por el bien nacional, puede decretar indultos y otros actos de clemencia. Un acto mínimo de clemencia es que toda persona de quien exista “duda” de ser perseguida política se le permita irse a su casa, en lo que se dilucida su situación. El indulto puede otorgarse para casos evidentemente inventados por el MP, como la persecución abusiva de personal del MP y jueces de correcto ejercicio, la vil persecución de Semilla y el TSE, o casos paradigmáticos, como el de José Rubén Zamora. Agrego otro, el octogenario ex comandante guerrillero César Montes, condenado por orden de CAMAGRO y Giammattei por muertes que él jamás pudo haber cometido. Independientemente de opiniones contrarias a César por otros motivos, es acto de justicia dejarlo en libertad.
