Todo indica que el intento de golpe de Estado ha fracasado, gracias a la Resistencia Nacional, dirigida por Autoridades Ancestrales y apoyada por fuerzas sociales y políticas honestas, así como por la ciudadanía en defensa del triunfo electoral. Parte de esa ciudadanía se ha sumado desde el extranjero y promueve acciones internacionales. De manera diversa se ha logrado que la comunidad internacional se preocupe por la amenaza a la vida democrática en Guatemala, con acciones destacadas del Consejo Permanente de la OEA y del Gobierno de EE. UU. Así, la transferencia del gobierno se hará el 14 de enero de 2024, con presencia de representantes de países que reconocen ya a Bernardo Arévalo y Karin Herrera como presidente y vicepresidenta para el período 2024-2028, así como de una misión de la OEA nombrada para el evento. Será un traspaso bizarro, porque el presidente saliente ha promovido las acciones para impedir la toma de posesión, si bien pretenderá ecuanimidad e inocencia con relación a la aventura golpista.
El Poder Ejecutivo dejará de ser el instrumento más importante que hoy tiene la dictadura de la corrupción. Los Ministerios y Secretarías, después de una década de autoritarismo, dejarán de servir al latrocinio, la corrupción y la impunidad. Ese cambio se sentirá de inmediato, aunque miembros del personal sigan manteniendo fidelidad a quienes les llevaron al puesto y salario. La supervisión estrecha hará que las funciones no cesen y que se cumplan las obligaciones con eficacia. Giammattei deja un Ministerio Público sumamente contaminado y, bajo él, “intocable”. Ha sido ariete principal para deslegitimar el triunfo electoral de Semilla y ha gozado de la sospechosa protección de la Corte de Constitucionalidad. El panorama cambiará con el nuevo gobierno, el cual evaluará a las personas en las listas Engel y Magnitsky. Es impensable que quienes han sido señalados por corrupción y acciones antidemocráticas puedan continuar en una institución que debe ser ejemplo de ética y equidad. Esto se aplica a la Fiscal General, quien debería ser sometida a una evaluación psiquiátrica, en caso de que no renuncie, como se lo pide con autoridad la inmensa mayoría del Pueblo soberano.
Los Poderes Legislativo y Judicial serán obstáculos para la correcta administración del gobierno. Hemos denunciado que en la próxima legislatura las y los diputados alineados con la corrupción pasarían de ciento veinte, incluidos los y las reelectas de la legislatura que termina. Seguirán alineados con el partido Vamos, pasando de bancada “oficialista” a bancada “opositora”; pero ya no contarán con pagos de la presidencia por los votos emitidos. Saben, además, de la ira del Pueblo por su inescrupuloso historial. Es la misma situación de las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que pronto han de ser reemplazados, y de la misma Corte de Constitucionalidad. El período inicial del nuevo gobierno no será fácil y, por ello, será indispensable el respaldo continuado de la población, dentro y fuera del país, de la solidaridad de los pueblos y de la comunidad internacional (seguirá).
