El Pueblo no quiere más la carencia de ética que caracteriza a este gobierno; de hecho, con más de cien mil firmas y manifestaciones multitudinarias, exigimos que renuncien de inmediato cuatro personajes paradigmáticos por su falta de moral: Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y Fredy Orellana. Hay muchos más; pero son estos quienes amenazan más directamente la vida democrática del país. Porras se ha propuesto evitar que Bernardo Arévalo y Karin Herrera lleguen a la presidencia y vicepresidencia. Utiliza “trampas legales” y todas las medidas ilícitas que maneja, incluida la extorsión. Lo hizo con el Director del Registro de Ciudadanos, so pena de perder su inmunidad e ir a la cárcel, para suspender la personería jurídica de Semilla, basado en orden del juez Orellana, que ha avalado las monstruosidades jurídicas del MP contra personas probas. Porras aprovecha a su hombre de confianza y compañero de Lista Engel, Curruchiche, para volcar el odio venenoso de ambos contra las personas que han dado la lucha contra la corrupción y la impunidad, a quienes ven como enemigos personales, al punto de atacar también a sus familiares. Orellana (Lista Engel) produce órdenes express para atacar a Semilla y, de ser necesario, a magistrados y magistradas del TSE. Al saber que su palabra prevalecerá en las Cortes, ni siquiera tratan estos personajes de salvar las apariencias; se sienten omnipotentes y pisotean las leyes, incluida la Constitución.
La comunidad internacional debe reconocer -tanto las Cancillerías de los países, como la OEA y la ONU- que estos cuatro personajes son instrumentos de manejo del Estado a base de “terrorismo judicial”. Actúan a veces por convencimiento de sus autoridades, que se aprovechan de sus gestiones, como ha ocurrido con Giammattei, quien nombró a Porras. Tienen el pacto, basado en la “presunción de inocencia”, de que ella nunca investigará los incontables delitos, abusos y corrupción del jefe. Como ejemplo, hizo la alianza entre su partido Vamos y la UNE de Sandra Torres, para intentar derrotar a Arévalo en la segunda vuelta, manipulando a más de cien alcaldes para comprar votos y acarrear votantes con recursos del Estado. Esos actos inmorales e ilegales no son investigados por decisión de Porras. Cuando el interlocutor resulta “poco receptivo”, ella recurre a su archivo de casos en reposo, con pruebas de actos reñidos con la ley, tanto de funcionarios como de dirigentes importantes en el sector privado, y extorsiona. Así logró que una cámara de CACIF les otorgara un reconocimiento a sus labores para superar firme oposición ciudadana. Igualmente, que la CC dictara su orden a la Comisión Postuladora para Fiscal General que la incluyera en la lista a ser entregada al presidente, pese a que dicha Comisión no la había incluido en interminables votaciones. Ni el CACIF ni Giammattei se atreven a sacar a Porras, porque le temen a sus archivos y denuncias públicas. Arriesgan así que la condena internacional suba de tono y empiecen las sanciones económicas. Washington tiene la solución inmediata: solicitud de extradición.
