Raúl Molina
Sigo con mi hipotética presidencia para trasladar reflexiones que lleven a la acción a la gente más joven que quiere transformar positivamente el país. Serán muchas reflexiones en el largo proceso electoral por comenzar, lleno de fallas y fraudes. Como migrante, veo la aberración de la CC, el TSE y el Congreso de limitar el derecho al voto a solamente unos cuantos consulados de EE. UU. –en el resto del mundo las y los guatemaltecos no podemos votar; solamente para presidente y vicepresidente; y sin el derecho de elegir representantes propios al Congreso. Para colmo, entre TSE, Renap y Minex, las personas habilitadas para votar no representan ni el diez por ciento de las y los ciudadanos afuera. Sostenemos la economía del país, lo que el CACIF es incapaz de hacer; pero no podemos elegir a las autoridades, las que el CACIF designa a todo nivel.
Es evidente que me pronuncio a favor, no de la reforma constitucional (parches a una inoperante Constitución contrainsurgente), sino que de elaborar una nueva Constitución mediante Asamblea Nacional Constituyente. Jamás mediante el Congreso, porque por su incapacidad y corrupción produciría una Carta Magna aún peor que la presente. Al reconocer las demandas de los pueblos indígenas, esa Asamblea debe ser multinacional, y al reconocer la demanda de las mujeres, esa Asamblea debe tener paridad de género. La participación indígena debe ser alta, acorde con su mayoría en el país, y debe darse cabida a las minorías socioeconómicas y culturales que son discriminadas en el sistema político vigente. Es necesario que la arquitectura de esa Asamblea sea muy equilibrada, porque se trataría de lograr un Pacto Social, que hoy no existe, para el resto del siglo XXI. De esa manera, no se requerirá de un “referendo de salida”, como se hizo en Chile. El referendo es necesario para reformas constitucionales realizadas por el Congreso; pero no cuando la voluntad popular ha decidido la conformación de la Asamblea, por elección popular, y sin que los partidos políticos intervengan.
La separación de la Asamblea Constituyente del Congreso y el sistema político es obligada, porque de lo contrario todo el proceso quedaría contaminado por la delincuencia, la corrupción y la impunidad. ¿Se imaginan a los más de cien maleantes de la alianza oficialista metiendo mano en los artículos de una nueva Constitución? ¡Ni en la peor de las pesadillas! Justamente uno de los objetivos centrales de una nueva Constitución es reformar de raíz el sistema político. La ciudadanía no cree, con justificada razón, en los partidos políticos, que se han convertido en plataformas electoreras para defender los intereses de los ricos y sus sirvientes, siempre codiciosos y sin escrúpulos, incluidos los aparatos militares y de seguridad pública. Así, junto a la Constitución nueva se tendría que elaborar la nueva Ley Electoral, separada, a mi juicio, de una ley subordinada, para regular los partidos políticos y las asociaciones ciudadanas. No más monopolio de la actividad política y electoral en las manos de dirigentes divorciados de la ciudadanía que deberían representar.
