Raul Molina Mejía

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Nació el 20/02/43. Decano de Ingeniería y Rector en funciones de USAC. Cofundador de la Representación Unitaria de la Oposición Guatemalteca (RUOG) en 1982. Candidato a alcalde de la capital en 1999. Profesor universitario en Nueva York y la Universidad Alberto Hurtado (Chile). Directivo de la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG).

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Raúl Molina

En artículo anterior toqué dos cambios indicados por la BBC en la Nueva Constitución de Chile. Acá comento otros tres. El cuarto cambio: “4. Pensiones, salud y cuidados: un ‘Estado social y democrático de derecho’…La demanda general del estallido social de octubre del 2019, que abrió paso al proceso constituyente en Chile, fue recuperar un sentido de dignidad dañado por las falencias del modelo político y económico refrendado en la Constitución de 1980, que favorece el actuar de las instituciones privadas por sobre el Estado en la provisión de bienes sociales como educación, salud y pensiones…El nuevo documento constitucional describe a Chile como ‘Estado social y democrático de derecho» que debe proveer bienes y servicios para asegurar los derechos de las personas’”. Es ésta la esencia del rechazo al modelo económico neoliberal. El nuevo texto afirma que es deber del Estado, que es sostenido con recursos del pueblo, satisfacer las demandas sociales y económicas.

Otro cambio: “5. Agua: de «propiedad» a «inapropiable». La Constitución en vigencia incluye una mención breve pero poderosa al agua en Chile. Plantea que ‘los derechos de los particulares sobre las aguas… otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos’”. Una barbaridad pinochetista, que se hace más atroz en medio de la megasequía de Chile. La Nueva Constitución establece el agua como bien «inapropiable» y declara que existe un «derecho humano al agua». Más de un científico social ha afirmado que en el siglo XX las guerras se desataron por petróleo, y en el siglo XXI la Humanidad se disputará el agua. La Nueva Constitución toma posición.

En su guerra contra el aborto, la derecha chilena trata de sumar a católicos y protestantes fundamentalistas, mientras que mundialmente se reconoce el centralismo de la mujer para los derechos reproductivos. La BBC resalta: “3. De ‘La ley protege la vida del que está por nacer’ a ‘Asegurar condiciones para embarazo, interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios’…La Constitución vigente no ha impedido despenalizar el aborto por tres causales a partir de 2017. El Tribunal Constitucional estableció que ‘la persecución penal no era ‘mecanismo idóneo para proteger al no nacido’ y que la sanción penal absoluta choca con los derechos de la mujer’ …La ley fundamental propuesta reconoce el ejercicio libre, autónomo y no discriminatorio de los derechos sexuales y reproductivos, y plantea que el Estado debe asegurar las condiciones para un embarazo, parto, y maternidad voluntarios y protegidos, y para una interrupción voluntaria del embarazo”. La derecha en Guatemala elimina los derechos esenciales de la mujer y pretende “promover la vida”, mientras que por sus políticas socioeconómicas mueren millones de niños y otras personas, y con sus prácticas genocidas y criminales violan el derecho fundamental a la vida. No les preocupan los miles de muertes de migrantes ni los 50 mil muertos por COVID-19 y no lamentan, sino que procuran la muerte por violencia delincuencial y policial de la juventud guatemalteca. La gran hipocresía de la derecha no debe impedir la aprobación de nueva Carta Magna.

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