Raúl Molina
Mencioné “lawfare” en mi artículo anterior, palabra que viene de los vocablos ingleses “law”, la ley, y “warfare”, guerra. El objetivo de la guerra, en general, es la destrucción del “enemigo”, que en este caso se convierte en su destrucción mediante la ley. Al firmarse la paz hace poco más de veinticinco años, se eliminó el concepto de “enemigo”, como correspondía a la terminación de la “guerra fría”. El CACIF y el Ejército aceptaron esta nueva situación por algunos años, hasta que se dieron dos fenómenos: por medios constitucionales y jurídicos se les pidió cuentas por crímenes de lesa humanidad –tortura, genocidio y desaparición forzada– que las víctimas y/o sus familiares plantearon; y los niveles crecientes de corrupción produjeron su acercamiento al crimen organizado. Así, han declarado como “enemigos” a las personas que buscan que la justicia exista para todas y todos en el país, sin distinción alguna. Ejemplos de esta “guerra legal” abundan. Se estima que hay más de quinientos “presos políticos”, acusados de todo tipo de delitos, para lo cual se presentan “pruebas” y “testimonios” totalmente falsos, que son respaldados por fiscales y jueces que aceptan las “evidencias” y encarcelan a las personas acusadas. Los delitos pueden ser usurpación de tierras, violación de la propiedad privada, paros del transporte, resistencia a la autoridad y todo lo que a los “poderosos” se les ocurra. Hasta se apoyan estos en la “ley contra el feminicidio”, cuando personajes públicos de sexo femenino son criticados por sus actos públicos, ilegales y arbitrarios, no por ser mujeres y menos con amenazas para ellas, sino por su manifiesta inmoralidad.
Menciono tres casos conocidos por la población. El más visible es la agresión del juez Sergio Mena contra Virginia Laparra, a quien ha mantenido en difíciles condiciones de prisión preventiva por más de cien días, violentando la legalidad del país, y ahora la somete a juicio bajo cargos inexistentes. Este juez sí debiese ser acusado con base a la Ley contra el Femicidio, porque sus decisiones han puesto en peligro la vida y seguridad de la exfiscal. Como mínimo debiese ser sumado a la Lista Engel.
El segundo caso está en proceso. Furibundo por no haber podido ganar las elecciones de rector, y no ser rector todavía, el candidato Mazariegos ha pedido al Sistema Judicial que actúe legalmente contra las y los estudiantes que se dice que han participado en las tomas de las instalaciones universitarias. La trama legal trata de llevarles a prisión, así como desmantelar la indomable resistencia de la comunidad universitaria.
Finalmente, se ha tomado venganza contra César Montes, exguerrillero que está injustamente en prisión, condenado a más de cien años, por la muerte de tres soldados a más de cien kilómetros de donde él se encontraba y en circunstancias que solamente el ejército sabe cuáles fueron. Mientras tanto, la ejecución extrajudicial de un campesino, cometida por el grupo castrense, es ignorada y atribuida a “suicidio”.
Las lecciones de Uribe en Colombia sobre los “falsos positivos” son seguidas al pie de la letra por Giammattei y su gobierno.
