Raúl Molina Mejía
La exigencia inmoral de exmilitares de una nauseabunda indemnización se hizo violenta, ante la pasividad del Estado. Este nuevo “martes negro” ha sido consecuencia de lustros de privilegios al Ejército. Los sectores dominantes del país han venido privilegiando a la institución desde que altos oficiales traicionaran a la Revolución de Octubre de 1944 y permitieran el derrocamiento de Jacobo Árbenz en 1954. A los oficiales se les ha pervertido, dándoles “bonos”, prebendas y poder de “vida y muerte”, a cambio de su complicidad total. Les obligaron al pacto de sangre y de silencio. A las tropas, gente indígena y ladinos pobres, muchos reclutados a la fuerza, les lavaron el cerebro y les manipularon con drogas –la más importante: permitirles que se “acercaran a los oficiales”, para escapar de su origen marginal que desprecian– y las enviaron a morir ante las balas guerrilleras y a matar, a unos pocos guerrilleros y a la población civil por miles. Los de alto rango perdieron su condición humana y presumen de lo que hicieron y los soldados, ya en retiro, pasan las noches en vela enfrentados a las memorias de las masacres cometidas y con vida miserable, pese a sus ingresos, que han visto esfumarse en gastos en licor o donaciones a sectas fundamentalistas y asociaciones como Avemilgua y Fundaterror. Se criaron así “cuervos”, no solamente por las cúpulas militares y politiqueros, sino que por las Cámaras del sector privado y los representantes económicos, políticos y militares de EE. UU. el pasado martes, estos “cuervos” salieron a “sacar los ojos” de quienes no les reconocen sus “servicios prestados” y amenazan con tocar a los “intocables”, mediante su capacidad militar y los kaibiles.
Con sus actos han desarticulado la “maquinaria de la corrupción”. Giammattei trata de defender, absurdamente, las acciones terroristas cometidas, sugiriendo que menores de edad se infiltraron con los exmilitares y realizaron los desmanes. Hay confusión en el Congreso; las bancadas oficialistas contaban con reclutar a exmilitares para sus campañas electorales. Allan, marginado de la nueva Junta Directiva, osó, por primera vez, manifestar su oposición al asalto, respaldado por las Cámaras del sector empresarial. Olvidan éstas que usaron al ejército, junto con Estados Unidos, para su “guerra sucia” contra el pueblo, que produjo genocidio, otros crímenes de lesa humanidad, muerte generalizada y tierra arrasada. El acto terrorista profundiza la anarquía en el país; ahora se amenaza con tomar estaciones de policía y desatar más furia violenta y potencialmente asesina. Porque asesinos fueron muchos de los exmilitares, incluidos los capos en las organizaciones que el Mingob amenaza con cerrar –lo que no ocurrirá, por la cercanía de Méndez a Consuelo Porras, instrumento clave para la criminalización de la resistencia. Tampoco hará nada el Mindef, que sigue depurando listas de exmilitares para que reciban su “bono patriótico”. El sector privado y la Embajada se encuentran impotentes, sin ejército y policía confiables, frente al embate de “cuervos” que pretenden imponerse a balazo limpio. Cumplido el adagio “cría cuervos y te sacarán los ojos”.
