Raul Molina
La extorsión, al igual que la corrupción, se ha entronizado en el país. Desde junio de este año, exmilitares han estado tomando medidas de hecho, para pedir un “bono patriótico”: indemnización por haber servido durante el conflicto armado interno. El Ministerio de Defensa indicó que noventaicinco mil exmilitares podrían acogerse a este beneficio, lo que representaría, según La Hora, no menos de Q36 mil millones (casi 5 mil millones de dólares). Y esto ocurre durante la atroz pandemia y con altísimos niveles de corrupción en el Estado, drenando el tesoro nacional y sumiendo en la pobreza a millones de personas más. Constituye un atraco y verdadera extorsión que vendría a sembrar más indignación en una población a punto de estallar. Son conocidas las ambiciones de AVEMILGUA y “Fundaterror”; ambas pretenderían “descremar” los fondos de los exmilitares, para pagar el asalto al Estado y desarrollar sus campañas electorales de diputados, presidenta o presidente y municipalidades. Ni aún en los malos momentos de Colom y Pérez se atrevieron a hacer esta inmoral demanda. Esperaron a tener el desastroso Estado bajo Jimmy y Giammattei, para quitarse cualquier escrúpulo, confiando en que corrupción e impunidad están hoy garantizadas. ¿No es esto otro crimen de lesa humanidad?
Ni aún las naciones que se mantienen en guerra otorgan una indemnización por los “servicios prestados”. Sí se hacen cargo de muertos y mutilados; pero el retiro está estipulado desde el ingreso voluntario o a la fuerza a los ejércitos. Acá se inventó el Instituto de Previsión Militar (IPM, saqueado por altos jefes militares), que otorga prestaciones militares por encima de las pingües jubilaciones del servicio civil. Muchos de los servidores civiles prestaron gran parte de sus vidas al correo, las obras públicas, la construcción de carreteras y otros servicios útiles y hoy pasan angustias para sobrevivir. Los exmilitares gozan de más recursos que los civiles y sus servicios fueron encaminados a matar a sus compatriotas, jamás a defender la soberanía nacional. Fue la maquinaria de la muerte. El informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico da cuenta de doscientos cincuenta mil muertos y desaparecidos, la mayoría a manos de estos exmilitares. El ejército cometió genocidio con altos jefes militares como responsables y exmilitares y exPAC como ejecutores. Estos son los servicios por los que se pide “indemnización”.
Rechazo el pago de esta extorsión e insto a toda persona honesta del país a hacer lo mismo. He sostenido que las Iglesias no deben participar en acciones políticas que son del Estado; pero eso no quiere decir que no emitan opinión frente a hechos que afectan al Pueblo. La Conferencia Episcopal de Guatemala quedó en deuda con la ciudadanía, por resistirse a pedir las renuncias de Giammattei y Consuelo Porras –hoy en la Lista Engel por corrupta y socavamiento de la justicia. Le toca reivindicarse, manifestando enérgicamente que esta “indemnización” es extorsión y que es inmoral y antiética. Y lo mismo debe hacer, pese al pánico, el Consejo Superior Universitario de Usac. ¡Que no sean cómplices de la monstruosidad propuesta!
