Raúl Molina
La detonación de estallidos sociales es impredecible, como vemos en nuestra Historia reciente – aumento del costo del transporte urbano en 1962; “agüita milagrosa”, como burla de Roxana Baldetti, en 2015- al igual que en otros estallidos recientes -treinta pesos más al valor del metro en Chile, en 2019; aumento de impuestos en medio de pandemia, en Colombia. Es la chispa para la ira acumulada. En los casos chileno y colombiano se rechaza el modelo neoliberal y el abuso de sus burguesías. En Latinoamérica hay condiciones para el estallido social por todas partes, exacerbadas ahora por la respuesta de los Estados a la pandemia de COVID-19. Hay fracaso generalizado, con más de un millón de muertos en la región, por incapacidad e irresponsabilidad de los gobiernos; para colmo, los grandes ricos han visto aumentar sus ganancias, mientras que la pobreza aumentó de manera brutal. Se agrega al polvorín la respuesta violenta de Estados regidos represivamente: los Carabineros, en Chile, y las fuerzas de seguridad, en Colombia, han demostrado su odio a quienes protestan, sin importar los muertos que causen y con la táctica de causar el mayor daño posible a los jóvenes que se rebelan. No ha sido casual que a pocos días de asumir Gendri Reyes como Ministro de Gobernación de Guatemala, entrenado en Chile, por primera vez en cinco años de protestas en calles y plazas se haya aplicado violenta represión contra los manifestantes, en noviembre de 2020. Seis meses después, la Fiscal General no ha querido concluir las investigaciones, el Ministro esquiva interpelación en el Congreso y, con el apoyo de Giammattei, sale de convenientes vacaciones.
Ni el gobernante de Chile ni el de Colombia previeron su respectivo estallido social. Ambos dieron marcha atrás, en cuestión de horas, a las decisiones que los detonaron. No obstante, al no tomar acción contra sus aparatos represivos y apoyarles, generaron la aglutinación popular en torno a cambios más radicales y profundos. Chile no tiene marcha atrás y, a pesar de la pandemia, ha arrancado un proceso que culminará con la elaboración de una Nueva Constitución por la Convención Constitucional elegida el 15 y 16 de mayo. La derecha quedó limitada a menos de una cuarta parte de las y los constituyentes y cabe esperar que la nueva Carta Magna responda a las demandas del estallido social. No se sabe aún qué pasará en Colombia -el Pueblo sigue enfrentando la violencia de las fuerzas de seguridad- pero es evidente que el conjunto de demandas sociales llevará a modificar el Estado. Guatemala no es igual a Colombia o Chile; pero hay paralelismo. Hubo un primer estallido social, exitoso al expulsar a presidente y vicepresidente en 2015; no logró, lamentablemente, la modificación del sistema político, que se reconstituyó en torno a la alianza del sector privado –CACIF- y los intereses del crimen organizado y de Washington, bajo Trump. La indignación ciudadana y popular es generalizada; pero azotado el país por la pandemia, no hubo detonante. Es impredecible cuándo y cómo ocurrirá; pero me atrevo a vaticinar que, más temprano que tarde, con base en la Historia, más que estallido habrá explosión.
