Esta fuerza crece desmesuradamente, cuando los tres poderes del Estado actúan al unísono y en contra del Estado de Derecho. Crece desproporcionadamente y se manifiesta en forma abusiva y arbitraria, cuando no se respeta la independencia de poderes. La o el funcionario público, actúa sin ningún límite y sus actos son fruto de una fuerza especial, que se transforma maliciosamente y sin escrúpulos, en la fuerza del opresor.
La teoría de la separación de poderes implica la existencia de un poder equilibrado, ordenado y armónico mediante frenos y contrapesos recíprocos. Por ejemplo, cuando se ejercita el veto presidencial por el máximo representante del Poder Ejecutivo. Aunque éste no puede aprobar leyes, si puede vetarlas o evitar que nazcan a la vida jurídica por medio de esta facultad. Una mala ley no debe nacer a la vida jurídica y el veto constituye un freno y contrapeso que el Poder Ejecutivo impone al Poder Legislativo.
Otro ejemplo, el habeas corpus o recurso de exhibición personal, por medio del cual el Poder Judicial le corrige la plana al Poder Ejecutivo y deja en libertad a una persona detenida arbitrariamente. O bien el acto del Poder Legislativo por medio del cual no aprueba la ratificación de un Convenio llevada a cabo por el Poder Ejecutivo, por atentar en contra del bien común, objetivo que es propio de cada una de las leyes que debe aprobar el Organismo Legislativo; o la aprobación por el Congreso de la República del Estado de Sitio decretado por el Poder Ejecutivo; o la aprobación del Presupuesto General de la Nación; o la facultad de interpelar a ministros de Estado. A este control parlamentario debe agregarse el órgano constitucional del Procurador de los Derechos Humanos, quien debe, como delegado del Congreso de la República, verificar que todos los actos del Estado se lleven a cabo en consonancia con los derechos humanos.
El principio de la división de poderes es tan importante para el Estado de Derecho y la Democracia que se afirma que cuando éste no existe, la sociedad carece de Constitución. Este principio fue consagrado en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y dice lo siguiente: “Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada, ni determinada la separación de poderes, carece de Constitución”.
Es cierto que estas afirmaciones y ejemplos, no son del total agrado de muchas personas en nuestra sociedad. Sin embargo, tomando en cuenta que, en el momento actual en nuestra sociedad, el Crimen Organizado ha logrado anular el principio de la separación de poderes para lograr impunidad de los delitos que comete y que la garantía de derechos no está asegurada, es posible afirmar que carecemos de Constitución.
En la situación actual, tenemos una ley suprema de adorno, que desarrolla nuestros derechos y nuestras obligaciones, las normas y principios básicos del debido proceso y todas aquellas normas necesarias para la convivencia pacífica. Sin embargo, ésta es simple decoración que sirve a la fuerza del opresor, porque no se cumple. Debemos reconocer, por el contrario, que vivimos en una dictadura y que el temor rige nuestros actos. La ausencia del derecho, nos impide resolver nuestras diferencias por la vía pacífica y atenta en contra del principio de legalidad, fundamental en un Estado de Derecho.
El gobierno del expresidente Jimmy Morales expulsó a la CICIG; poco a poco tanto el expresidente Morales como posteriormente, el Presidente Giammattei, fueron cooptando las instituciones del Estado, hasta eliminar definitivamente el Principio de la División de Poderes y los pesos y contrapesos que dichas instituciones representan. Finalmente, la mafia guatemalteca encontró el camino para criminalizar a sus opositores por medio de la Ley contra la Delincuencia Organizada y afectar el principio democrático de la publicidad de todos los actos en el proceso penal, declarando bajo reserva la investigación de un caso.
Vivimos en un terreno fértil para que las y los funcionarios públicos puedan violar permanentemente nuestros derechos, sin que exista responsabilidad por sus actos. Éstas se llevan a cabo con total impunidad y la falta de castigo para los perpetradores de dichas violaciones, tranquiliza sus conciencias y hace latir sus corazones al ritmo del suave vaivén que producen dos campanas tañendo en el fondo del mar.
La fórmula mágica que nos permite sumar la falta de independencia de poderes, más la forma anómala en la que las autoridades al más alto nivel del Estado de Guatemala, están llevando a cabo la lucha contra la delincuencia organizada, terminará explicándonos porqué hay tanta impunidad en el país y porqué el Pueblo está siendo afectado cada vez más.
Cuando Giovanni Falcone, ilustre abogado y juez italiano, promovió la ratificación de la Convención de Palermo para terminar con el crimen organizado, nunca imaginó que la mafia o cosa nostra guatemalteca, iba a implementar décadas después, acciones que permitirían modificar la lucha contra la Delincuencia Organizada de tal forma que, en lugar de terminar con ella, la iba a fortalecer y proteger contundentemente.
Utilizar el pretexto de la lucha contra el Crimen Organizado, para aniquilar a los adversarios políticos, fue una decisión muy inteligente de la mafia guatemalteca. Perseguir a una persona por su forma de pensar, con el pretexto de estar luchando en contra del Crimen Organizado, puede tener un impacto inicial muy grande. Sin embargo, con el tiempo, cuando esta medida se aclara, solo queda la fuerza del opresor persiguiendo a opositores políticos.
La detención arbitraria del periodista anticorrupción, José Rubén Zamora, es un buen ejemplo. Como también lo es la detención arbitraria de las abogadas Virginia Laparra y Claudia González; las autoridades del Pacto de Corruptos utilizaron este pretexto de mala fe, para perseguirlas. Para ello, claro, la fuerza del opresor también necesitó que no funcionara adecuadamente el principio de la división de poderes; que los pesos y contrapesos que el Poder Judicial puede imponer por medio de la justicia, no existieran. Las y los jueces impunes deberían ser cómplices y malinterpretar la Ley contra la Delincuencia Organizada, para que, de mala fe, pudieran afectar los derechos de otras personas.
Este pretexto también lo viene utilizando la mafia guatemalteca, para contaminar el proceso electoral y para afectar la voluntad popular expresada mediante el voto. La supuesta lucha contra el Crimen Organizado ha dado luz verde al poder opresor, incluso para intentar suspender un partido político durante un proceso electoral. Algo que está claramente prohibido por la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Sin embargo, el Juez Orellana, fiel representante del poder opresor, lo hizo por medio de una cuestionada resolución judicial y cometió prevaricato. Pero eso al poder opresor, no le importa en lo más mínimo.
El Ministerio Público de Consuelo Porras y la FEFI (Fiscalía Especial a Favor de la impunidad) de Curruchiche, han seguido arremetiendo en contra del proceso electoral, con el pretexto de perseguir al Crimen Organizado. Lo que realmente buscan es afectar al partido político Movimiento Semilla y evitar a toda costa, que tome posesión el Presidente electo Bernardo Arévalo.
Nadie puede negar que el pretexto de luchar en contra del Crimen Organizado, es un argumento potente. Estoy seguro que la población en general quiere que se desarticule y se acabe con el Crimen Organizado. Y si para ello es necesario suspender a un partido político, hay que hacerlo. Ahora bien, es diferente lo que el Ministerio Público de Consuelo Porras y la FEFI de Curruchiche, están haciendo: tratar de afectar la voluntad popular con el pretexto de luchar contra la delincuencia organizada. La experiencia de Giovanni Falcone en su lucha contra la mafia italiana organizada, puede servir de ejemplo y ser útil para Curruchiche y Consuelo Porras. Esta experiencia debería ser estudiada por la Fiscal General y por el Fiscal de la FEFI.
Algunas características que Falcone resaltó son: 1. La criminalidad es de carácter internacional y así debería ser la respuesta del Estado; para reprimirla, se requiere de una fuerte colaboración internacional; 2. Hay que privar a estas organizaciones criminales del poder económico que tienen; por lo tanto, hay que prever en la ley, la confiscación de los bienes mafiosos con relativa facilidad; 3. La autoridad debe probar que la persona mafiosa pertenece a una organización mafiosa; 4.Las personas que promuevan, dirijan u organicen las asociaciones de tipo mafioso, tienen que enfrentar una pena, por este solo hecho; 5. La mafia ha advertido la gran cantidad de dinero que el Estado dedica a obras públicas y tiene interés en conseguir las ganancias que éstas pueden producir. En otras palabras, al tomar control de las erogaciones del presupuesto público, la mafia identificó el beneficio económico que producen.
La Fiscal General y el Fiscal de la FEFI saben muy bien que la forma en que están llevando a cabo la lucha contra la delincuencia organizada, los va a conducir a falsos resultados. La población también lo sabe y comprende. Ni José Rubén Zamora, ni Virginia Laparra, ni Claudia González, ni los operadores de justicia en el exilio, ni el Movimiento Semilla, ni Bernardo Arévalo pertenecen al crimen organizado. En todo caso, son opositores al sistema de corrupción imperante y por lo tanto, perseguidos políticos por la fuerza del opresor.
El Congreso de la República ha sido una pieza clave en este descarado fraude de ley. Desde que se suprimió el principio de separación de poderes hace años, el Congreso inició la implementación de una agenda regresiva, apartándose del bien común. Ahora, aprovechando la crisis política que existe en Guatemala, quiere aprobar una serie de iniciativas de ley que van en contra de los intereses del Pueblo de Guatemala.
La iniciativa 6099 por ejemplo, que pretende establecer una amnistía total, incluso para perpetradores de crímenes graves, aun cuando los estándares internacionales lo prohíben; la llamada Ley Monsanto II, que pretende apropiarse de las semillas que pertenecen a los Pueblos Indígenas; la Ley Perenco, que pretende prorrogarle el contrato a dicha entidad para que siga explotando petróleo por 25 años más en el departamento de El Petén, sin que el Estado reciba el beneficio adecuado y afectando severamente el ambiente; la iniciativa 6239 que promueve reformas a la Ley del Organismo Judicial; con esta iniciativa los ascensos, traslados y despidos de jueces o juezas, quedaría a discreción de las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Así como otras leyes o iniciativas que ponen en peligro los intereses de la Nación. El Presidente Giammattei debería vetarlas, cuando los expedientes lleguen a su despacho.
Y para ponerle la guinda al pastel, el Congreso de la República acaba de aprobar el Decreto 8-2023, que contiene reformas al Código Penal y a la Ley contra la Delincuencia Organizada, que permitirán catalogar como delincuencia organizada, a los dirigentes comunitarios que se oponen al sistema injusto y desigual de generación, transmisión y venta de energía eléctrica. De tal forma que también van a aplicar la Ley contra la Delincuencia Organizada en contra todas las comunidades que se oponen a un sistema eléctrico que ha sido privatizado, en desmedro de los derechos humanos de la gente. Es decir, criminalización pura y dura
No solamente en materia electoral están criminalizando a la gente. También lo están haciendo contra quienes defienden derechos (derecho a la tierra, derecho a la consulta libre y previamente informada, derecho al desarrollo, derecho a la salud y otros derechos). E incluso han reformado las leyes, para tener el camino expedito para criminalizar a quienes critican y se resisten a aceptar un sistema injusto y desigual en la generación, transmisión y venta de energía eléctrica. La fuerza del opresor sigue latente. Y solo la podremos aniquilar, si la fuerza del Pueblo se sigue expresando en las calles.
