Ramón Cadena

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Que por fin se rompe. Y según parece, al igual que el refrán anterior, los actos golpistas sucesivos de Consuelo Porras, de Curruchiche y del Juez Orellana, colmaron la paciencia de varios países del Continente Americano. Y de forma súbita, se quebró el cántaro. Colombia, Chile, Canadá, EUA y Antigua y Barbuda han solicitado una reunión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para hacer una evaluación colectiva de la situación de Guatemala. ¡Finalmente!

Como reacción a los actos golpistas, vinieron las manifestaciones, el paro nacional y las muestras de descontento de las y los guatemaltecos. Y estos cinco países, ante tantas manifestaciones de descontento del Pueblo de Guatemala, solicitaron al Consejo Permanente de la OEA que se analizara la situación por la que atravesaba la democracia guatemalteca. ¡Por fin!

Cuando fungí como Director de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), presentamos al Secretario General de la OEA, un análisis de la CIJ denominado “La coyuntura actual en Guatemala. Análisis de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ)” de fecha 29 de diciembre de 2018. Nunca hubo una respuesta y, al igual que otras organizaciones y personas guatemaltecas que pedían la intervención de la OEA, nos tuvimos que quedar esperando con las manos vacías y defendiéndonos de la alteración del orden constitucional con argumentos, palabras, ideas y propuestas.

Habíamos pedido que se aplicara la Carta Democrática y que se hiciera una evaluación colectiva de lo que vivíamos en Guatemala, ante la expulsión del Director de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), por parte del ex Presidente Jimmy Morales. En ese momento, la discusión sobre lo que sucedía en el país por medio de una evaluación colectiva, resultaba importantísimo; creo que si el Secretario General Almagro hubiese tomado en ese entonces la decisión de aplicar la Carta Democrática, se hubiese evitado que el Estado de Derecho y la Democracia llegasen a los niveles de degradación actual.

Hoy, la solicitud de estos cinco países del Continente Americano, de aplicar la Carta Democrática nos confirma dos aspectos importantes, entre muchos otros: primero, que el principio de cooperación internacional es fundamental para la defensa del orden constitucional y democrático. El Pacto de Corruptos nos ha querido hacer creer, malintencionadamente, que hay que abandonar este principio y que hay que sustituirlo por el de soberanía absoluta; que hay que dejar a un lado los principios que la Carta de la ONU incorporó a las Relaciones Internacionales desde 1945 y asumir los principios de la soberanía absoluta.

De esta forma, ha distorsionado el principio de soberanía y nos lo ha presentado a lo largo de estos últimos años, por un lado, como un principio que hay que defender para el bien de la libertad y, por el otro, que debemos escoger entre soberanía absoluta y derecho internacional, proclamándose el Pacto de Corruptos por el primero ya que, el segundo, significa según ellos, abrazar al “comunismo internacional”.

Vale decir que es importante que el Pacto de Corruptos y sobre todo la Fundación contra el Terrorismo y su director Ricardo Méndez Ruiz, estudien a fondo este tema, con el objeto de que Méndez Ruiz y otros miembros del Pacto, comprendan que ni el principio de soberanía del Estado, ni el de cooperación internacional, son elementos destructores del Orden Internacional, ni elementos que obstruyen la justicia. Todo lo contrario, la soberanía del Estado sigue siendo un principio del Derecho Constitucional y el principio de cooperación internacional lo complementa. Ambos son útiles para que la lucha contra la impunidad y la corrupción, sea más eficiente. Pero no una soberanía absoluta al estilo del siglo XIX, como la que el Pacto de Corruptos ha promovido en los últimos años. Ese principio así concebido, ya fue superado el siglo pasado, es decir, en el siglo XX.

En segundo lugar, nos confirma que el Pueblo de Guatemala se ha indignado y, creo yo, sus múltiples manifestaciones públicas, el paro nacional del 24 de julio y diversas expresiones de descontento, por fin lograron llamar la atención de la Comunidad Internacional del Continente Americano. Las diversas expresiones de descontento y el reclamo del Pueblo de Guatemala, han sido exitosos y deben continuar para que el Fiscal de la FECI Curruchiche, la Fiscal General Consuelo Porras y el Juez Fredy Orellana, renuncien a sus respectivos cargos y que el Consejo Permanente de la OEA imponga las sanciones que el Gobierno de Giammattei se merece.

Con respecto a estas manifestaciones pacíficas, el mismo Pacto de Corruptos y específicamente el CACIF, volvió a lanzar una campaña publicitaria en contra de los bloqueos en las carreteras. También es necesario que representantes del CACIF estudien más en detalle el derecho de libertad de expresión y sus nexos con el derecho de manifestación pública, aplicándolo al caso concreto que estamos viviendo. Así, podrán comprender que, en este caso, estamos ante la defensa de un valor supremo como lo es el voto popular y la Democracia, y que la libertad de locomoción, que el CACIF tanto defiende, se puede ver afectada, restringida o disminuida ante el supremo deber de defender el orden constitucional, la Democracia y el Estado de Derecho.

Estamos viviendo un Golpe de Estado desde que el Congreso de la República no quiso nombrar a las y los magistrados de Corte Suprema de Justicia, ni a las y los magistrados de Salas de Apelaciones. Estamos luchando en contra de esta vulneración del orden constitucional y para ello, ha sido necesario defender el voto popular en las calles. Lamentablemente, muchas veces el derecho de manifestación pública causa alteraciones imposibles de evitar, alteraciones que afectan tanto a transeúntes, como a quienes se movilizan en automóviles.

A pesar de ello, hay que continuar con las manifestaciones. Éstas están dando resultados y seguirán haciéndolo. Por otro lado, seguramente no nos dará tiempo para que visitemos a las Embajadas de Brasil, de Argentina, de Costa Rica, de Honduras, de El Salvador y otras del Caribe y del Continente Americano antes de que se inicie la sesión del Consejo Permanente de la OEA. Por ello, por este medio les pido a las y los embajadores acreditados en Guatemala, que sus Gobiernos voten a favor de la propuesta de los cinco países que piden que se aplique la Carta Democrática en base al artículo 20 de la misma. Ojalá que la respuesta del Consejo Permanente de la OEA sea aplicar la sanción contenida en el artículo 21 de dicha Carta.

Sin embargo, de no hacerlo, será una ganancia lograr una discusión colectiva internacional acerca de la vulneración del régimen constitucional que se vive en Guatemala. Además, por supuesto, el Consejo Permanente podrá establecer otras medidas y gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática en Guatemala.

La intervención de la OEA ya se veía venir. EUA amplió días atrás la lista Engel, incluyendo en ella a otras personas y funcionarios de Estado de Guatemala. Varios países de Latinoamérica se proclamaron en contra de la alteración del orden constitucional en Guatemala. En otras palabras, lo que empezamos a ver fue cómo se manifestaba poco a poco la preocupación de la Comunidad Internacional, ya que notaron que lo que estaba sucediendo en Guatemala afectaba también a todo el mundo. Hasta llegar a la solicitud que varios países presentaron al Consejo Permanente de la OEA.

Inclusive varios ex Presidentes de países europeos y Latinoamericanos, todos ellos con una posición ideológica muy conservadora, expresaron su repudio al manipuleo del voto y de la voluntad popular y a las acciones de la Fiscal General de Guatemala en contra del Proceso Electoral y de la voluntad popular. También consideraron que lo que sucedía en el país, afectaba al mundo entero. Hoy, gracias al principio de cooperación internacional, el Pacto de Corruptos está seriamente golpeado y la correlación de fuerzas está cambiando.

Mañana a las 10:30 a.m. (hora de Washington D.C.) será la reunión del Consejo Permanente de la OEA. Gracias a los avances de la tecnología, podremos ver dicha reunión en directo en forma virtual, en el sitio web de la OEA o en otras plataformas. Es importante hacer notar que fue invitada la Presidenta del TSE de Guatemala, licenciada Palencia.

Será muy interesante ver cuál es la posición que asume en dicha reunión. Si defiende al Pacto de Corruptos y considera que podemos resolver este asunto sin la ayuda de la Comunidad Internacional o si reconoce que hay una alteración del orden constitucional en Guatemala, que amerita establecer medidas correctivas con intervención de los países del continente americano. En otras palabras, si defiende el principio de soberanía absoluta al estilo del Pacto de Corruptos o si se inclina por el principio de cooperación internacional.

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